El Puerto reta a Compromís a emprender acciones legales contra la ampliación

«Si quieren emprender acciones legales, que vengan». Así ha despachado el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, el anuncio de la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra tras el pleno del Ejecutivo valenciano en el que advertía que, si el Ministerio de Fomento confirmaba la vigencia de la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 para la ampliación norte del puerto de Valencia, su gobierno recurriría a los tribunales.

El responsable de la entidad considera que no ha habido modificaciones sustanciales del proyecto original como para invalidar el informe elaborado inicialmente y considera que "hace meses que la polémica está acabada". Sin embargo, Oltra avanzó el pasado viernes que primero reclamará a Fomento si está en rigor la DIA, para plantearse después acciones legales a través del Contencioso Administrativo si el departamento de José Luis Ábalos dice que todo está en orden y no procede repetir el estudio.

Este movimiento se debe a que el Ministerio de Transición Ecológica respondió hace dos semanas a la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, de Compromís, que el "órgano sustantivo" del proyecto es al que le responde valorar la vigencia de la DIA y plantear dudas, si las tiene; o sea, al departamento de José Luis Ábalos. Sin embargo, fuentes de ese ministerio aseguran que no procede remitir ninguna consulta al equipo de Teresa Ribero sobre este asunto ya que consideran que la vigencia del informe es incuestionable.

Ante esto, Oltra aseguró tras el pleno del Consell la necesidad de ir "paso a paso" en esta actuación para evitar proyectos como el fallido Castor y ser "coherentes" con la declaración de emergencia climática hecha por el Consell y el Ayuntamiento de Valencia. En todo caso, Oltra indicó que ahora lo que van a hacer es remitir la pregunta y luego ya se planearán si se emprenden acciones legales. "Tenemos la costumbre de subir las escaleras peldaño a peldaño, no de tres en tres porque tienes el riesgo de pegarte un golpe", recalcó al número dos del Consell.

La judicialización de la ampliación norte del puerto de Valencia uniría este proyecto a la lista de instalaciones contra las que actuaron las formaciones de izquierda y que provocaron procesos legales en los que se ha tardado más de una década en encontrar una salida, como con la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de la instalación portuaria valenciana. Poner en paralelo ambos proyectos resulta implanteable en el puerto, ya que se insiste en que no hay ni la más mínima grieta legal que pudiera amenazar la obra.

De hecho, la institución avanza en la tramitación de la ampliación norte sin pausa y el pasado sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el inicio del trámite de información pública del proyecto, que ha sido adjudicado a MSC, supone una inversión de 1.100 millones de euros y se estima que genere 3.000 empleos. A partir de ese día, cualquier empresa o entidad tiene veinte días para presentar alegaciones a la ampliación.

Por otra parte, aunque dentro del Consell se mantienen las formas, lo cierto es que los partidos que lo forman han evidenciado ya sus diferencias sobre la materia en Les Corts, donde el partido socialista, junto al resto de grupos de la oposición, votó en contra de la proposición no de ley (PNL) que presentaron sus socios de Gobierno en la que demandaban una nueva DIA para la obra. La diputada socialista Mercedes Caballero reiteró que los cambios que se han aplicado al proyecto sólo afectan a la zona interior del Puerto y no quiere más estudios.