No habrá diferencias frente a otras comunidades y la Generalitat tendrá que gestionar el millar de viviendas con 'okupas' de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en la Comunitat Valenciana. «Las condiciones de nuestro convenio a lo mejor no son las optimas para una comunidad autónoma, pero son las que tenemos que poner nosotros porque, además, son las que hemos acordado con todas las demás comunidades autónomas. Lo que no podríamos hacer es tratos de favor», aseguró el presidente del también conocido como banco malo, Jaime Echegoyen.
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Así se resuelve el principal punto de fricción entre la entidad estatal y la Administración valenciana ,que llevó a que naufragara un acuerdo entre ambas instituciones la pasada legislatura. El primer Gobierno del Botánico se negó a asumir la gestión de las casas ocupadas irregularmente y sus habitantes, en contra de lo aceptado por otros gobiernos autonómicos y municipios.
Ahora, el actual gobierno regional ha iniciado las reuniones en el propio Palau de la Generalitat con esta premisa sobre la mesa y la firme intención de cerrar un acuerdo, según reconoce Echegoyen: "En cinco años es la primera vez que estoy aquí", ejemplificó. De hecho, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, junto al vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, han acordado junto al presidente de la Sareb la creación de un grupo de trabajo para analizar el parque de 9.000 vivienda, dentro de los 20.000 activos inmobiliarios que acumula entre pisos, bajos y garajes, que tiene la entidad en la Comunitat con el fin de incrementar la vivienda social a disposición de los valencianos y valencianas.
El titular del Consell indicó que el objetivo es "buscar una intersección entre lo que es la oferta y la demanda que existe, entre la capacidad de movilizar vivienda para que haya parques municipales de vivienda y, al mismo tiempo, entre todos los activos que tiene la Sareb".
Echegoyen afirmó que la Comunitat es una región muy importante para la entidad y destacó la voluntad de "atender las diferentes necesidades locales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas", al mismo tiempo que continúan con su labor de desinversión. Durante la reunión, también se analizó el convenio que la Generalitat ya ha firmado con la Sareb, por el que se ponen 30 viviendas a disposición de los afectados por la DANA en la Vega Baja. El primer fruto de lo que se prevé como un próximo acuerdo.
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