La sentencia a favor de Puerto Mediterraneo frusta la ley de Compromís contra el sector

La remontada de Intu deja fuera de juego la estrategia de Compromís contra la compañía. La sentencia del TSJCV que anula la decisión de la Generalitat que tumbaba el proyecto inicial de Puerto Mediterráneo no sólo abre la puerta a la recuperación de aquella propuesta (más grande que la presentada en 2018 como Intu Mediterrani) sino que le hace un regate a la ofensiva legislativa impulsada desde Compromís para hacer imposible que saliera adelante con una nueva normativa urbanística hecha a medida en su contra.

Una vez tumbado en 2016 el proyecto inicial de la empresa Intu para poner en pie el nuevo centro comercial y de ocio de Paterna, los responsables de Compromís en el Consell pusieron en marcha la elaboración de una nueva normativa que impidiera ese proyecto y otros similares. Se trata del Patsecova, el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat, que el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, aspira tener aprobado antes de fin de año. A esta regulación se tenía que sumar en esta legislatura la nueva ley del Comercio, terminando de remachar la ofensiva de la formación de Mónica Oltra.

Desde la conselleria se confiaba en frustras las alternativas que se plantearan desde Intu para que, una vez reformada la normativa autonómica, resultara imposible siquiera poner sobre la mesa algo parecido. Sin embargo, el TSJCV ha vuelto a activar la tramitación de Puerto Mediterráneo, advirtiendo que, en el caso de que un nuevo informe medioambiental reiterara los 16 aspectos que se enfrentan a la actual normativa, estos no pueden tener más efecto que obligar a reformar el diseño presentado, que podría seguir adelante.

Según se señala desde el despacho Garrigues, que no tiene como cliente a ninguna de las partes en conflicto, el Patsecova es una figura urbanística que sólo puede actuar a futuro. De este modo los cambios que incorpore sólo puede aplicarse a las solicitudes que se presenten tras su entrada en vigor. Las anteriores, tanto si están en fase de tramitación como en pleno ejercicio de su actividad, quedan fuera de ordenación.

Esta figura lo que significa es que pueden continuar como hasta entonces y, cuando en el futuro acaben su actividad, deberán someterse a la nueva legislación en el caso de querer reabrir. Es algo similar a las torres de apartamentos en área de dominio marítimo terrestre, que pueden permanecer hasta que dejen de ser habitables y solo entonces serán demolidas.

Garrigues también advierte de que, en el caso de que la conselleria se viera tentada a valorar el proyecto según aspectos que inspiran la nueva legislación, se podría volver a judicializar el expediente. De este modo, la Administración no sólo se enfrentaría a la cronificación del asunto, sino que el saldo de los posibles daños y perjuicios a reclamar por la empresa se dispararía en caso de victoria. Los expertos en Derecho administrativo están muy interesados en la resolución de este asunto porque puede tener un efecto muy relevante en el resto de planes sectoriales.

El pasado mes de agosto, el conseller de Economía, Rafael Climent, aseguró que en diciembre se aprobará el Patsecova, que niega la autorización autonómica a los proyectos que superen los 120.000 metros cuadrados de superficie comercial, como el de Intu, por considerarlos incompatibles con los criterios de sostenibilidad exigidos. El departamento que dirige Climent, en la filas de Compromís, preveía tener listo ese decreto antes de las elecciones autonómicas pero el adelanto de los comicios por parte del presidente Ximo Puig frustró esos planes.

Además, Climent tiene prevista para esta legislatura una nueva Ley de Comercio Sostenible para «actualizar la norma sobre ordenación territorial del comercio», en línea con el Patsecova, y «regularizar, aclarar y armonizar las normas con rango de ley vigentes», como las relativas a la última restricción de aperturas en festivo o las futuras trabas a las tiendas de conveniencia, conocidas como supermercados exprés. Esas medidas, planteadas como modificaciones de la ley anterior, quedaron pendientes después de que la llegada del PSOE enterrase la impugnación del Gobierno, y se tramitarán ahora mediante otra ley.