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INÉS HERRERO
Valencia
Jueves, 5 de abril 2018, 00:17
El interés empresarial por volver a construir parques eólicos en la Comunitat Valenciana sigue creciendo. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, al menos tres compañías están proyectando promover instalaciones de este tipo en la única zona del plan eólico valenciano liberada hasta la fecha por el Consell, la cuatro (Morella, Catí y Ares), en la provincia de Castellón.
Desde la Conselleria de Economía confirman que «dos empresas han presentado avales y han realizado consultas previas» tanto al departamento que dirige Rafael Climent como a Medio Ambiente, a cargo de Elena Cebrián, como paso previo a formalizar sus planes para poner en marcha nuevos parques eólicos y precisar la ubicación y las características de la instalación. Según explican, ambas compañías han recibido ya la respuesta de la administración, que estarán valorando para presentar los proyectos pertinentes e iniciar la fase de información pública de esas actuaciones.
A estas dos empresas, ambas españolas aunque su identidad no ha trascendido por razones de confidencialidad, se sumaría la valenciana NRG Investment, controlada por el empresario Marcos Lacruz, presidente de la Asociación Valenciana de Empresas de Energía (Avaesen).
Lacruz aseguró ayer a este periódico que su empresa, que a principios de año inició la construcción de la primera planta fotovoltaica en la Comunitat en seis años, también está interesada en desarrollar parques eólicos en la zona de Castellón ya liberada, así como en otros emplazamientos que podrían abrirse a nuevas inversiones próximamente.
El plan eólico, aprobado en 2001, debería estar a pleno rendimiento desde 2007 pero apenas tiene instalada la mitad de la potencia prevista, con seis de las quince áreas en las que se dividió la Comunitat Valenciana pendientes de desarrollo.
El Consell del Botànic, prácticamente desde el inicio de la legislatura, se fijó el objetivo de liberar las zonas en las que las empresas adjudicatarias no habían instalado molinos, en algunos casos porque la declaración ambiental fue negativa, como en la cuatro, liberada en julio, y en otros porque la autorización caducó o la tramitación se atascó a raíz de la contestación social suscitada.
Como publicó este diario en enero, la secretaria autonómica de Economía, la socialista Blanca Marín, trabajaba ya entonces para revocar la concesión de la zona trece (Vallada, Aielo y Bocairent), donde las autorizaciones para construir parques expiraron y la empresa alegó, y las de la catorce (Villena) y quince (Castalla), foco de cuantiosas protestas.
Desde Economía aseguran que están trabajando en la resolución paulatina de todas las zonas y se encuentran «a punto de sacar la catorce y la quince», en Alicante, para abrirlas a nuevas inversiones ya sin necesidad de concurso público. En cuanto a la demora acumulada, argumentan que es un proceso «muy complejo», que nunca se había hecho, y lamentan que «la administración tampoco dispone del personal necesario para agilizar los temas».
Según Lacruz, incluso zonas descartadas hace diez años por carecer de vientos equiparables a los del norte de España, como Alicante, cobran interés ahora por el menor coste de la maquinaria, que abarata la construcción de parques eólicos. En la última década, el coste ha caído «un 25% y se espera que baje bastante más» en los tres años de media que cuesta impulsar estas instalaciones.
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