Cuando el enemigo está en casa

Mucho se ha hablado de averiguar la misteriosa fórmula de la Coca-Cola para poder reproducirla. Y aunque ese concepto de secreto empresarial parece pertenecer sólo a la multinacional, lo cierto es que es una realidad en muchas compañías. Tan real como los robos de documentación y el espionaje industrial, un fenómeno que está más activo de lo que muchos pueden pensar o imaginar.

La consultora PwC, en su estudio Economic impact of trade secrets thefts, indica que este tipo de sustracciones causan cada año pérdidas de hasta tres billones de euros en empresas de todo el mundo, lo que equivale al 5% del PIB mundial. Este tipo de delitos y fraudes se puede perpetrar de distintas maneras, pero, según apuntan desde los despachos de abogados Garrigues y Cuatrecasas, en muchos casos los robos se producen por parte de personal de la propia compañía.

Ante este panorama, en el pasado mes de marzo entró en vigor la Ley de Secretos Empresariales, cuyo objetivo es proteger información de vital importancia de una compañía para evitar que sea sustraída y usada ilícitamente. Hasta ahora no existía en España una ley específica que regulara los secretos empresariales, que se protegían a través de distintas normas dispersas en el Código Penal o en la Ley de Competencia Desleal.

Según explican Lucía Segarra, asociada senior del Departamento Mercantil de Garrigues, y Daniel Morata, asociado senior Departamento Procesal de Garrigues, la norma establece una serie de medidas para conseguir esa protección. El primer paso es analizar qué información tiene valor dentro de la organización y cuya revelación podría producir un perjuicio. El siguiente punto es decidir la conveniencia de proteger los secretos empresariales como derechos de Propiedad Industrial.

Tras estos trámites iniciales, hay que comprobar si dicha información está debidamente protegida -con restricciones de acceso-, de modo que únicamente tengan acceso a ella las personas que la necesitan para el desempeño de su trabajo. En este sentido, es importante establecer un protocolo interno de modo que, de forma previa a la revelación de la información confidencial, el tercero en cuestión firme un acuerdo de confidencialidad.

Es determinante definir qué empleados -y agentes externos- son los que tienen acceso a los secretos para establecer cláusulas de exclusividad, permanencia o pactos de no competencia. También hay que definir en qué supuestos tendrán acceso. Y, por supuesto, es fundamental establecer pautas periódicas de control de cumplimiento de los protocolos internos, según explican Segarra y Morata desde Garrigues.

Por su parte, Victoria Villanueva, consejera del Área Laboral de Cuatrecasas, destaca que el «impacto laboral» de esta nueva norma en la medida que dicha información está en manos de los trabajadores. Un impacto que se refleja en los contratos. «En mi opinión, brinda una oportunidad a las empresas para adoptar medidas precisas que protejan esa información, especialmente, en un contexto en el que las nuevas tecnologías facilitan la copia, extracción y difusión de datos», afirma.

Esta es la historia de una compañía -cuyo nombre no se puede revelar por confidencialidad- que sufrió un robo por parte de casi todo su equipo directivo. Se trataba de una empresa grande donde casi 20 directivos se marcharon de la empresa en sólo unos pocos días. El empresario se sorprende, ata cabos y se encienden las alarmas. Un perito descubre que esos empleados se llevaron documentación vital con el objetivo de montar otra compañía desde cero dentro del mismo mercado, aprovechando el conocimiento de la empresa consolidada.

En un empresa de pinturas, un empleado era el encargado de realizar las mezclas para conseguir determinados colores y propiedades. Su conocimiento de las fórmulas llegó a tal punto que, incluso, las podía realizar de cabeza, sin necesidad de recurrir a las instrucciones. Ante esta situación, la empresa temía que si este trabajador se marchaba, pudiera desvelar ese conocimiento a la competencia. Por ello, decidió tomar medidas antes de que sucediera y estableció la cláusula de confidencialidad en su contrato. De este modo, se protegió la información a la que tenía acceso el empleado y su compromiso de no revelarla a terceros.

Hace 15 años, una cadena vio plagiado su negocio por parte de sus propios franquiciados. Cinco franquicias en la Comunitat bajaron de golpe la persiana y abrieron como un nuevo negocio tras haber clonado el programa informático de la anterior empresa y haberse adueñado de documentos importantes, así como de información relevante sobre el mercado -como claves de marketing y precios-. La Guardia Civil, comisiones rogatorias y el juez intervinieron por sorpresa a dichas franquiciadas para recopilar pruebas y verificar que se había copiado el negocio con material sustraído de manera ilícita.

Otro caso que suele darse es el de uso ilícito de la información de una empresa tercera tras optar a su adquisición. En un proceso de compra-venta, los empresarios que se postulan para adquirir una firma reciben datos relevantes sobre la misma para poder realizar su oferta. La información a la que acceden puede ser sobre precios de venta o nombres de los clientes de la sociedad. Cuando una compañía ve frustrado su intento de compra, tiene en su poder conocimiento de la competencia.