Una ley estatal prohíbe las quemas agrícolas que autorizan el Consell y los ayuntamientos

La voz de alarma la dio La Unió de Llauradors i Ramaders al advertir que la nueva 'Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular' establece, en su artículo 27: «Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional y siempre cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas...»

Por otro lado, el artículo 3, punto 2.2, apartado e) dice que esta misma normativa no es de aplicación a: «las materias fecales... paja y otro material natural, agrícola o silvícola no peligroso, utilizado en explotaciones agrícolas y ganaderas... mediante procedimientos o métodos que no pongan en peligro al salud humana o dañen el medio ambiente».

Es decir, que por un lado se prohíbe... lo que por otro lado parece que se considera una excepción excluida de la prohibición (paja y otro material natural, agrícola o ganadero). Sin embargo, para mayor complicación, el referido articulo 27 añade que «los residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola que no queden excluidos del ámbito de aplicación de esta ley (¿cuáles de entre todos se excluyen o no?), de acuerdo con el articulo 3.2.e, deberán gestionarse conforme a lo previsto en esta ley... priorizando su reciclado mediante el tratamiento de la materia orgánica».

En la práctica, esa cita a tener que 'gestionarse' unos residuos conforme a la ley implica contratar a empresas especializadas. Algo prohibitivo por coste desmesurado e inoportunidad de aplicación en orden a las tareas habituales de cultivo. Es cierto que la alternativa de trituración de los restos de poda se va extendiendo en sustitución de la quema, que antes era la única opción, pero aun así hay situaciones, en bancales pequeños de imposible acceso para la maquinaria, o por el tipo de los restos (troncos, raíces, paja...), en las que es imposible triturar y lo único factible es la quema.

La Unió considera que la clave de todo está en considerar que los restos de poda «son un subproducto de material vegetal que se gestiona (quema o tritura) en la misma explotación, y nunca pueden considerarse como residuos, que sí quedan sujetos obligatoriamente a un tratamiento posterior en una planta especializada». El secretario general de esta organización, Carles Peris, ha indicado que «no cabe en cabeza de nadie tratar a un árbol como un residuo», por lo que confía «en una clarificación y rectificación», al tiempo que advierte que «una vez más se nos impone una norma emanada de los despachos de Madrid, sin tener en cuenta la realidad del campo».

En esa misma línea apunta Roger Llanes, secretario de Agricultura del PSPV-PSOE y secretario autonómico de la Consellería de Agricultura, quien hace un llamamiento «a revisar los criterios empleados, porque no se ajustan ni a la realidad ni a las necesidades del sector agrario valenciano». Recuerda Llanes que «la trituración no es viable ni eficiente en todos los casos», ni tampoco es factible extraer esos residuos «para que un operador público o privado los gestione».

La moción que el PSPV-PSOE presentará en todos los ayuntamientos, pidiendo al Ministerio de Transición Ecológica la revisión de la ley en dichos aspectos, reitera similares argumentos a los expuestos por La Unió y defendidos por Roger Llanes. Se incide así mismo en la idea de que la redacción de la normativa «genera confusión en el sector (agrario) y en los propios organismos que deben hacer cumplir la norma (Generalitat, agentes medioambientales, ayuntamientos...), lo que puede provocar una aplicación diferente según la interpretación que se haga de la misma».

Al mismo tiempo se están efectuando desde instancias socialistas valencianas conversaciones ante los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica, sin resultados positivos hasta el momento. Tampoco se ha logrado, al parecer, implicar a la otra 'parte' de la Conselleria de Agricultura, la que depende de Compromís (incluida la propia consellera, Mireia Mollà), que es la que engloba en especial los cometidos de medio ambiente.