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Instalaciones de Feria Valencia. Irene Marsilla

La excepción de Feria Valencia entre los recintos españoles

La institución permanece en un limbo legal entre lo público y lo privado que complica sus finanzas mientras el Consell busca una salida con el Ayuntamiento que se demora

Sábado, 6 de febrero 2021

Feria Valencia es la institución ferial más antigua de toda España. Nació en 1917 bajo el mando de la Real Sociedad Económica Valenciana de Amigos del País para promocionar a la ciudad, los negocios de su alrededor y ser una ventana no solo nacional sino también mundial. El hecho de que fuera impulsada hace más de un siglo provoca que sea incluso más antigua que parte de las instituciones que la encabezan, como es el caso de la misma Generalitat y, como siempre ha estado presente, nunca ha terminado de quedar claro cual es su naturaleza. En sus estatutos figura que es una asociación de utilidad pública y establece así una ambigüedad que la sitúa entre la esfera pública y privada que ha sido el origen de parte de sus problemas. Algo que no ocurre en ningún otro recinto de España.

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Cuando Enrique Soto, actual director general de Feria Valencia, llegó a su cargo en 2012 tras un cambio de rumbo impulsado por el Consell del PP presidido por Alberto Fabra y tras unos años de gestión polémica a raíz de la millonaria deuda originada por la ampliación del recinto, lo primero que solicitó a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia, que comparten el patrimonio de la institución, fue que le aclarase su naturaleza jurídica ya que ese limbo legal podía tener consecuencias. Pero ni ese Ejecutivo ni el actual que se formó con la llegada de PSPV y Compromís ha podido resolver esta duda pese a que trabaja en una solución.

En el resto de ferias españolas todo es mucho más claro. Tal y como figura en los diferentes portales de transparencia de los otros nueve principales recintos, tienen una indiscutible naturaleza pública. En general, los titulares de las mismas son compartidos entre gobiernos autonómicos, diputaciones, ayuntamientos y cámaras de comercio pero esta referencia no figura en los estatutos de Feria Valencia. Ifema, Fira de Barcelona y Feria Valladolid son consorcios mientras Bilbao Exhibition Center, Fibes de Sevilla y Fycma de Málaga están bajo el paraguas de sociedades anónimas y Feria Zaragoza e Infecar de Gran Canaria se constituyen directamente como instituciones oficiales. Una vez más aquí Feria Valencia vuelve a ser al excepción ya que está registrada simplemente como una asociación.

Este vacío histórico de la principal institución ferial valenciana ha supuesto un verdadero dolor de cabeza para todos, empresarios, instituciones y la propia dirección del organismo, que tiene la presidencia vacante. El hecho de que no sea un organismo que forme parte del denominado sector público instrumental de la Generalitat ha provocado, entre otras cosas, la creación de la cuenta acreedora. Este agujero en las cuentas de la entidad iba aumentando conforme la administración valenciana ha ido asumiendo la millonaria deuda de más de 400 millones que se arrastraba desde la reforma del complejo y aunque este proceso dio un paso fundamental en diciembre de 2020 cuando los bonistas aceptaron que la Generalitat pagara la deuda la situación ha empeorado.

Este mismo enero, desde la dirección de Feria Valencia se alertaba de que la cuenta acreedora, que implica que todo el dinero asumido por parte de la administración valenciana contablemente debería ser devuelto pese a que todos los actores lo dan por imposible, podía suponer la quiebra técnica de la institución ferial. El ejercicio de 2020 y como consecuencia de la pandemia se prevé que provoque una Ebitda negativa (resultado antes de impuestos) de en torno a dos millones. El problema es que como consecuencia de la cuenta acreedora los número rojos llegarán a los 92 millones, lo que podría provocar la quiebra y el concurso de acreedores. Algo que ocurrirá si no se busca una solución antes del 31 de marzo.

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Vicent Soler, conseller de Hacienda, ha visibilizado esta semana la disposición de la Generalitat a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para resolver el último fleco del proceso de refundación que permitiría esquivar un panorama que no quiere nadie y de paso aclarar la naturaleza jurídica. A día de hoy el último escollo para que Feria Valencia pueda formar parte del sector público instrumental es la cesión de los terrenos, en manos del consistorio que encabeza Joan Ribó y que es receloso a una hipotética pérdida patrimonial a la que se pueda incurrir cuando se intercambien estos bienes por otros de titularidad autonómica.

Desde la patronal CEV y la Cámara de Comercio se insiste en que se cierre un pacto para salvar una institución que, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) representa el 0,5% del PIB valenciano y genera 1.352 millones sobre las ventas, la renta y el empleo y 647 por el impacto económico que implica la actividad misma. Los datos del mismo Ivie apuntan que otras empresas del sector público instrumental como Cacsa, que también incurre en pérdidas de varios millones de forma anual, genera un impacto de 128 millones. Los empresarios consideran a ambas fundamentales para la imagen exterior de Valencia.

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Impacto del coronavirus

Todo este embrollo jurídico, económico y político se ha complicado aún más con la llegada de la pandemia y una caída de la facturación de 23,4 millones en 2019 a 12 en 2020. Por ello, se pretende inyectar fondos extra que se sumen a los 800.000 ya aportados que, desde la conselleria de Economía aseguran que validará en el corto plazo la Unión Europea, que ya ha dado el visto bueno en Alemania.

Pese a ello, los dos millones negativos que se prevén del negocio en 2020 no son ni mucho menos los peores en el contexto europeo. En total, se espera que los principales recintos feriales tengan una ebitda negativa de 357 millones frente a la de 561 positiva que estimaban antes del Covid. Según el sector, el complejo de Colonia prevé pérdidas de más de 100 millones, Hannover 77, Bilbao 20, Poznam 12 y Verona casi 11. Apenas se libra Barcelona, con una caída de un millón o Milán, que logra un leve resultado positivo de un millón y medio.

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Por volumen de facturación, Feria Valencia es la tercera institución del país, por detrás de Fira Barcelona, que obtuvo en 2019 215 millones e Ifema, que alcanzó los 187. La entidad valenciana logró 23, un buen dato en comparación con los anteriores años mientras que Bilbao Exhibition Center se conformó con 14 y la Feria de Zaragoza rozó los 8. Pero el resultado antes de impuesto, ya desvela en este ranking diferencias notables ya que Feria Valencia se unió en 2019 al grupo de resultados positivos con 2,2 millones frente a los 40 de Madrid y los casi 25 de Barcelona mientras las otras dos se tuvieron que conformar con resultados negativos.

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