Bankia, como heredera de la antigua Bancaja, siempre ha tenido una importante presencia valenciana y así se hizo de de notar tras la fusión con Caja Madrid ya que parte de la dirección se integró en el nuevo banco. Este movimiento también llevó a que, con el estallido del caso de la salida a bolsa de la entidad, una decena de cargos que provenían de la histórica firma valenciana fueran investigados y ahora, tal y como el resto de acusados, han sido absueltos.
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Los representantes valencianos llegaron a su puesto en el consejo de administración desde diferentes vías. Algunos lo hicieron a través de partidos políticos, otros gracias a su carrera profesional en el mundo empresarial o por su currículum en el mundo bancarios y unos pocos por una mezcla de las mismas, como es el caso del expresidente José Luis Olivas, el principal valenciano absuelto en la causa. Como ocurre con el resto de representantes que fueron imputados, en el caso de los que provienen de la Comunitat tenían penas de diferente magnitud. Cinco habían sido acusados con fuerza por parte del ministerio fiscal y la abogacía del Estado mientras que los otros cinco tan solo habían sido investigados a raíz de las diferentes acusaciones que se habían vertido desde las acusaciones particulares.
Jose Luis Olivas. 5 años de petición de condena.
Considerado uno de los protagonistas, se enfrentaba a cinco años de prisión, supuestamente por haber ocultado la grave situación que arrastraba Banco de Valencia, principal participada de otra de las cajas del grupo, Bancaja, de la que fue presidente. Ahora los magistrados entienden que la Fiscalía pretendió introducir en el juicio «errores, omisiones, anomalías y desajustes de las cuentas relativas a ejercicios muy anteriores, hasta del 2007», y reiteran que la «inadecuada gestión precedente» de las extintas entidades quedan al margen de esta investigación. En el fallo, la Audiencia llega a proclamar que «las inconcreciones y vaguedades (de las acusaciones) constituyen la característica dominante de la descripción de estos eventos -el folleto informativo de la salida a bolsa de Bankia- , ya que nada se indica a cerca del contenido preciso de las mencionadas decisiones, ni se vierte la más mínima referencia respecto a quién, a cómo y cuándo se comunicaron esas decisiones por parte de los Sres. Rato y Olivas a las personas que elaboraron el Folleto«.
Francisco Verdú. 16 meses de petición de condena.
Francisco Verdú ha conseguido su segunda absolución. El consejero, con una amplia trayectoria en el sector bancario, que ya fue declarado no culpable en la causa de las tarjetas 'black' al quedar probado que renunció a esta prestación vuelve a ser exculpado al considerarse que las acusaciones vertidas contra el eran «deducciones discutibles» para elaborar un relato. El tribunal no considera probado el delito de falsedad documental que se le imputaba por parte del ministerio fiscal y que reclamaba un año y medio de prisión. El magistrado apunta que no queda claro «cuáles eran las diligencias concretas que omitió y que debió haber ejecutado« para evitar las consecuencias de la salida a bolsa de Bankia. Ante la ausencia de hechos se recrimina que se pretenda que el tribunal «los establezca, con fundamento en deducciones discutibles y equívocas, porque ningún acto determinado se probó en el plenario en relación a las personas concretas sometidas a nuestro enjuiciamiento». Por ello, se rechaza condenarle a la pena de 16 meses que pedía la Fiscalía.
Araceli Mora. 12 meses de petición de condena.
El fallo deja claro que hay un «cúmulo de generalidades» para tratar de acusar a la exconsejera Araceli Mora y tratar de atribuirle una condena de un año de prisión que reclamaba la Fiscalía. «La firmeza, determinación y coherencia que se trasluce en el contenido de las respuestas que esta acusada ofreció a las preguntas que le fueron formuladas, principalmente por el Ministerio Fiscal, no permite siquiera sospechar que incurriera en la actitud que se le asigna«, asegura el Tribunal, que exculpa así a la catedrática de Economía Financiera y Contabilidad, y miembro del Comité Independiente Asesor Internacional de la Comisión Europea en materia de aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, que entró en el consejo de Bankia en junio de 2011 y apenas permaneció un año. Se considera que la dejación de funciones que habría impedido el desarrollo de la función auditora y anulado la posibilidad de afloramiento de deterioros no ha quedado probada y por ello se le exculpa de los cargos.
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José Rafael García-Fuster. 12 meses de petición de condena.
Exintegrante de las comisiones de auditoría y cumplimiento de BFA y Bankia, el fiscal le atribuyó que, junto al resto de miembros de esas comisiones, procedió «a la formulación de las cuentas (de la entidad) con perfecto conocimiento de que las mismas no reflejaban la imagen fiel, al no registrar los importantes ajustes derivados del impairment, los activos fiscales y las deficiencias de valoración del inmobiliario y adjudicados, induciendo a error a los restantes Consejeros». En el fallo, por contra, el tribunal considera que la acusación que pesaba sobre todos ellos por igual, «asignándoseles una misma conducta genérica, sin especificar un solo hecho concreto (...) resulta paupérrima, sin ningún tipo de paliativos«. »La existencia de una total ausencia del más mínimo sustento probatorio necesario para apoyar semejante acusación dirigida contra los miembros vocales del Comité de Auditoría y Cumplimiento de BFA, nos parece clamorosa«, puesto que no se detalla ni un solo dato que puedan conducir a albergar siquiera la mera creencia fundada de que hicieron dejación de sus funciones.
Remigio Pellicer. 12 meses de petición de condena.
Remigio Pellicer, al igual que otros acusados como José Rafael García Fuster, formaba parte de la comisión de auditoría y cumplimiento de BFA y Bankia y se le exculpa por los mismos motivos que el resto de integrantes de estos organismos. El tribunal no considera probado que este empresario del mueble sin titulación académica que accedió al cargo por la cuota del PSOE induciera a error al resto de consejeros y deja claro que «las conclusiones provisionales de las Acusaciones Particulares y Populares y en las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y de las otras partes acusadoras resulta paupérrima, sin ningún tipo de paliativos«. Por ello se le exculpa de los delitos que se le atribuían por todas las partes y se descarta la pena de un año de prisión que reclamaba el ministerio público.
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José Rafael García-Fuster. Comisión Auditoría y Cumplimiento BFA y Bankia. 12 meses de petición de condena.
Exintegrante de las comisiones de auditoría y cumplimiento de BFA y Bankia, el fiscal le atribuyó que, junto al resto de miembros de esas comisiones, procedió «a la formulación de las cuentas (de la entidad) con perfecto conocimiento de que las mismas no reflejaban la imagen fiel, al no registrar los importantes ajustes derivados del impairment, los activos fiscales y las deficiencias de valoración del inmobiliario y adjudicados, induciendo a error a los restantes Consejeros». En el fallo, por contra, el tribunal considera que la acusación que pesaba sobre todos ellos por igual, «asignándoseles una misma conducta genérica, sin especificar un solo hecho concreto (...) resulta paupérrima, sin ningún tipo de paliativos». «La existencia de una total ausencia del más mínimo sustento probatorio necesario para apoyar semejante acusación dirigida contra los miembros vocales del Comité de Auditoría y Cumplimiento de BFA, nos parece clamorosa», puesto que no se detalla ni un solo dato que puedan conducir a albergar siquiera la mera creencia fundada de que hicieron dejación de sus funciones.
Los otros cinco acusados del caso tienen en común que no contaban con una petición de pena por parte de la Fiscalía ni la Abogacía del Estado sino tan solo por parte de la acusación particular que ejercían el sindicato CGT y La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC). A todos ellos se reclamaba una pena de dos años y medio de prisión pero su condena se consideraba mucho más improbable que la de los anteriores. Este grupo de exculpados está formado por Antonio Tirado, alcalde de la ciudad de Castellón desde 1979 hasta 1987 y que desde entonces encadenó una serie de cargos en diferentes cajas de ahorro hasta que terminó en Bancaja; el empresario Francisco Juan Ros, vinculado al Ros Casares; Ángel Villanueva, expresidente de Bancaja Habitat y de la Fundación Bancaja; el ex secretario de Estado de industria Jose Manuel Serra y Rafael Fernando Giner, expresidente de la antigua patronal valenciana.
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