El experto del Consell para las ITV se niega a firmar la auditoría para la reversión

En la reunión del consejo de administración del nuevo ente público que gestionará el servicio se evidenció que Sociedad de Asesoramiento y Gestión Económica y Social, la empresa que dirige el economista experto contratado, se negó a firmar la auditoría de personal. Este no es un documento baladí ya que su existencia era una condición que decidió el pleno del Consell encabezado por el presidente Ximo Puig para que el proceso se llevase a cabo.

Un examen en profundidad de estas características es fundamental ya que la Generalitat va a asumir personal de empresas que han sido durante algo más de 25 las que han realizados las pruebas de las ITV. Y en las diferentes estaciones no hay un criterio unánime respecto a las plantillas en cuestiones tan importantes como los salarios. Por ello era necesario conocer en profundidad cada uno de los puntos.

Aunque este diario no ha podido acceder al contenido de la auditoría en la que aparece el sello del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) que depende de la Conselleria de Economía ha tenido conocimiento de que la ausencia de la firma ha generado mucha sorpresa en el consejo de administración de la empresa pública dirigida por Josep Antoni Albert.

El texto se ha cerrado hace pocos días porque faltaban datos que tenían que aportar las concesionarias y fue entregado esta misma semana a los miembros del consejo de administración. Que falte la rúbrica del experto es una forma de evidenciar que no valida el contenido y las formas de la misma. Y es una cuestión fundamental ya que el economista lleva asesorando al Consell sobre la materia desde el 2021 y ha sido una pieza fundamental en todo este tiempo.

Según consta en el portal de transparencia de la Generalitat, la empresa recibió dos contratos menores por un importe de 17.908 euros cada uno. Fue para ayudar a gestionar y tramitar la creación de la empresa pública de las ITV y para asesorar para la cesión de personal a esta nueva firma autonómica. Un proceso que, a poco de concluir, no cuenta con el aval de uno de sus artífices.

Cuando las ITV sean revertidas el 25 de febrero en una primera tanda y el 4 de marzo en una segunda los 1.200 trabajadores que forman parte de las estaciones pasarán a formar parte del ente público. Lo harán bajo la categoría de trabajadores públicos como personal fijo a extinguir, tal y como se ha hecho en otros casos como el del Hospital de Alzira.

Una vez haya finalizado este proceso, que se asume que será complicado por cuestiones como el pago de nóminas que ya se ha avisado que llegarán con algo de retraso, se podrá comenzar a negociar con los sindicatos el convenio colectivo con el objetivo de que se puedan unificar tanto salarios como condiciones del personal.