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Precio del alquiler en Valencia | Expertos inmobiliarios advierten de que limitar al 2% la revisión del alquiler reducirá las viviendas disponibles y aumentará precios

Expertos inmobiliarios advierten de que limitar al 2% la revisión del alquiler reducirá las viviendas disponibles y aumentará precios

Desde el Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Valencia tachan de «desacertada» la decisión del Gobierno por perjudicar a los pequeños propietarios que llevan años sin poder actualizar las rentas y Asicval considera que el Ejecutivo debería buscar otra solución

Lunes, 28 de marzo 2022, 18:15

Una de las medidas del llamado 'Plan de Respuesta' del Gobierno para combatir el impacto económico de la guerra en Ucrania consiste en limitar la subida de los alquileres al 2% en las revisiones que se realicen en los próximos tres meses. Esta medida es, a ojos del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios de Valencia (Coapiv), «totalmente desacertada» y advierte de que reducirá el número de viviendas en el mercado del alquiler. Por su parte, desde la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), consideran que el Ejecutivo debería «buscar otra solución» que no perjudique a los pequeños propietarios, que también se ven desbordados por la subida de la inflación. Por contra, la conselleria de Vivienda rechaza que se produzca una reducción del mercado de vivienda en alquiler.

En concreto, el portavoz de Coapiv, Vicente Díez, recuerda que en los últimos años el IPC ha crecido apenas un 1% o bien se ha mantenido al 0%. «Incluso ha llegado a estar en negativo, por lo que muchos propietarios estaban esperando al vencimiento de los contratos por actualizar rentas que llevan atascadas cuatro años», ha agregado el profesional, quien insiste en que la mayoría de propietarios tienen «una vivienda o dos viviendas» y los arrendamientos suponen un complemento para su pensión. «Ellos también sufren la inflación y la subida del IPC. Ahora se encuentran que no van a poder actualizar la renta (a más del 2%) cuando es un derecho que tenían por contrato. Esto genera inseguridad jurídica y desincentiva que pongan su vivienda en el mercado del alquiler», ha explicado a este periódico. «También habrá subida desmesurada de los precios en los nuevos contratos porque piensan que en cinco años no van a poder tocar la renta», alerta.

Por su parte, la presidenta de Asicval, Nora García, ha indicado que «la mayoría de propietarios no suelen actualizar los precios» y que este año se estaba haciendo más que otros años «porque la subida del IPC ha sido espectacular», por lo que, según García, se estaban revisando los alquileres más antiguos. «Nunca llueve a gusto de todos. Pero es cierto que el Gobierno no suele tener en cuenta la seguridad jurídica del arrendador, está desatendida. Tendrían que tener en cuenta a la otra parte también», ha añadido la experta.

En cambio, el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, rechaza que esta medida reduzca el mercado de vivienda disponible en alquiler. «No creo que dé lugar a una reducción del mercado de vivienda en alquiler, la gente es consciente de la situación de excepcionalidad y esta medida responde a esa excepcionalidad», ha señalado a este diario, a lo que ha añadido que la iniciativa debería tener «carácter estructural» dentro de la Ley de Vivienda a para combatir la aprobada, que busca combatir la «desmesurada» subida de precios. «Los precios del alquiler ya son elevados de por sí y, por otro lado, no existe la inseguridad jurídica porque hay un decreto que va a regular esa limitación del aumento del alquiler», ha subrayado.

Sin embargo, desde la organización de consumidores Facua sostienen que la limitación de los alquileres al 2% (en lugar de vincularlo al IPC) debería extenderse hasta final de año. Pese a mostrarse satisfechos con la medida, indican que debería continuar «como mínimo hasta final de año», en lugar de «limitarla a las actualizaciones que se realicen hasta final de junio». Por contra, el portal inmobiliario Idealista ha advertido que esta iniciativa supondrá «un nuevo varapalo para los arrendadores» y, «en muchos casos» provocará que estos saquen sus viviendas del mercado.

«El Gobierno vuelve a cargar sobre los propietarios particulares lo que es responsabilidad de la Administración y obliga a que no se cumpla la cláusula de actualización de los contratos de alquiler», ha denunciado en un comunicado el portavoz de idealista, Francisco Iñareta. «A falta de conocer la letra pequeña de la medida, el anuncio supone un nuevo varapalo para los arrendadores, que de nuevo vuelven a ver cómo cambian las reglas a mitad de partido y que en muchos casos provocará la retirada de sus viviendas del mercado ante la evidente inseguridad legal que supone. El efecto que puede lograr puede ser justo el inverso al deseado», ha criticado Iñareta tras anunciarse esta medida.

En este sentido, el portavoz de la plataforma ha alertado de que la experiencia vivida en Cataluña «ha demostrado que cualquier medida no incentivadora en el mercado del alquiler tiene consecuencias inmediatas». Entre ellas, ha citado la retirada de viviendas del mercado, la subida de los precios y dificultades para el acceso a una vivienda en alquiler, especialmente para los más vulnerables.

Será este martes cuando el Consejo de Ministros apruebe el 'Plan de Respuesta', que incluye el 'veto' a los despidos, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible a todos los ciudadanos, no solo a los transportistas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desgranado este plan de choque que tendrá un coste de 16.000 millones de euros durante el encuentro 'Generación de Oportunidades', un foro de Europa Press en colaboración con McKinsey & Company.

En concreto, el plan, que se extenderá hasta el 30 de junio, tendrá un impacto de unos 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y de otros 10.000 millones en créditos ICO para amortiguar el impacto de la crisis. Está basado en cinco ejes principales: ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía.

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