La factura de la luz que viene: 175 euros

Mientras Josep Borell, Alto Representante de la UE para Política Exterior, pide a los europeos bajar la calefacción consumir menos y Francia sugiere que estamos viviendo una crisis energética tan grande como la del petróleo de 1973, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha iniciado este miércoles 9 de marzo una campaña para solicitar la suspensión temporal de todos los impuestos de la energía, al tiempo que ha puesto cifras a la factura media de la luz a la que se enfrenta los españoles este mes de marzo.

La OCU urge a intervenir los mercados energéticos para suavizar el alza en la factura de la luz derivado de la guerra en Ucrania, ya que, según sus cálculos, «la consecuencia para los hogares es un fortísimo incremento de su factura, que alcanzaría, con los precios de estos primeros días de marzo, hasta 175,52 euros frente a los 110,27 euros de febrero, lo que supone una subida del 59% en lo que va de mes«, asevera la organización en base a sus cálculos.

En lo que va de marzo, el precio medio del megavatio por hora en el mercado mayorista se sitúa en 377,03 euros, es decir, casi 140 euros más que el promedio de diciembre de 2021, el hasta ahora mes más caro de la historia con 239 euros de media.

La luz cerró 2021 como el año más caro de la serie histórica, con un precio medio de 111,93 euros/MWh debido a la espiral alcista registrada en el 'pool' en el segundo semestre. Sin embargo, en lo que va de 2022 el precio medio se sitúa entorno a los 226,55 euros, más del doble que el ejercicio anterior.

La OCU denuncia que el sistema de fijación de los precios de la energía y la fiscalidad actual amplifican «los terribles efectos de la guerra en la factura energética de los hogares» y considera que el 68% de la energía generada está recibiendo «una remuneración muy por encima de sus costes reales».

La organización argumenta su decisión de solicitar la suspensión temporal e inmediata de los impuestos que gravan el gas, la electricidad y los carburantes en que «no es aceptable que mientras los hogares tienen serias dificultades para afrontar el pago de los servicios básicos, el Estado sea el gran beneficiario de esta situación excepcional con ingresos extras».

En cuanto a la intervención del sistema de fijación de precios, la OCU considera necesario sacar al gas debido a que está «sometido a fuertes movimientos especulativos» en su cotización.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha planteado la posibilidad de dejar fuera el gas del mercado eléctrico y que esta materia prima se pagara «a través de un mecanismo de precio que reconoce el coste real» o «introduciendo un tope a las ofertas que se pueden presentar al mercado mayorista».

En todo caso, la ministrado ha señalado que «la Comisión Europea ha pedido unos días para poder consultar y evaluar la mejor propuesta» y ha dejado claro que «se trata de medidas temporales, hasta tanto se hacen recomendaciones específicas sobre cómo alterar y hacer evolucionar las reglas generales del funcionamiento del mercado marginalista».

Sin embargo, ante lo que OCU califica de «inacción» de las autoridades, insta a la ciudadanía a pedir, además de la suspensión temporal de impuestos, que, una vez pasado ese periodo de excepción, se mantengan como definitivos la aplicación de un IVA reducido del 10% al suministro de electricidad y gas natural, además de la eliminación definitiva del Impuesto Especial a Electricidad, ahora reducido temporalmente al 0,5%.

En su paquete de medidas también figura la exigencia de que el PVPC y el bono social cumplan la misión de ofrecer tarifas razonables para los consumidores vulnerables desvinculando su precio del mercado mayorista; un bono social más sencillo, accesible y compatible con el mercado libre y el regulado; y mejorar la transparencia de las tarifas de electricidad y gas.

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