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La Feria se reivindicó este jueves ante la patronal como una potente herramienta al servicio de las empresas y de la economía de la Comunitat, que quiere ser tratada y defendida como tal. En pleno debate entre los socios del Botánico acerca de si la futura gestora del negocio ferial tiene que ser de mayoría pública o privada, el director general de Feria Valencia, Enrique Soto, aceptó la invitación de la CEV para explicar a su comité ejecutivo la situación actual de la centenaria institución, la reestructuración en curso y las perspectivas con que afronta los próximos años.
En su intervención ante la cúpula patronal, Soto defendió la gestión de Feria Valencia y reivindicó su importancia como motor económico, con argumentos como que aporta a la Comunitat cinco veces más que el Mobile World Congress a Cataluña, en concreto, un 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) regional -según acreditó el informe del IVIE- frente al 0,1% del certamen catalán.
Como adelantó LAS PROVINCIAS, se trata del primer encuentro de los programados por la CEV para posicionarse sobre el futuro de la Feria. Tras la reunión con Soto, confirmó que invitará a la secretaria autonómica María José Mira, de Hacienda, encargada de asumir la deuda de la ampliación, y al subsecretario de Economía, Natxo Costa, que conserva el control de la vertiente institucional de las ferias, reestructuración incluida.
Sin decantarse por ningún modelo de gestión concreto, como era de esperar de quien ostenta responsabilidades de carácter técnico, Soto explicó la reestructuración iniciada en 2016, repasó los diferentes modelos de explotación ferial europeos y presentó un plan de negocio hasta 2024 que prevé superávit de explotación todos los años, tras realizar las inversiones de mantenimiento que requiere el recinto.
Por su parte, los empresarios a los que Soto recordó lo que está en juego en este proceso guardaron silencio. Nadie tomó la palabra para plantear dudas ni para expresar su opinión.
Según trasladó a este periódico el presidente de la CEV, Salvador Navarro, nadie discute la relevancia económica de la Feria pero, antes de posicionarse, quieren conocer al detalle las alternativas que estudia el Consell y dar voz a otros sectores interesados, aparte de los expositores, como los taxistas u hosteleros.
Soto expuso que la ampliación de la Feria costó 587 millones, frente a los 900 de la realizada por Fira Barcelona, los 628 millones de Bilbao o los 750 de Milán. Y remarcó que, mientras las administraciones asumieron los costes de esos otros recintos, estaba previsto que la Feria costease parte de su ampliación y así fue hasta 2009, cuando dejó de hacerlo por la crisis y la Generalitat tuvo que hacerse cargo.
Según dijo, la Generalitat ya se ha subrogado 168 de los 451 millones de deuda viva y el resto, lo hará "en breve". Después deberá definir cómo será la gestión. Soto expuso que en Alemania, Italia y España impera un modelo con una parte pública, vinculada a la gestión del recinto y organización de ferias, y otra privada para negocios asociados a la actividad. En Gran Bretaña o Francia solo albergan eventos y abunda la gestión privada.
Por otra parte, la CEV anunció una cumbre el día 27 en Benicarló con Foment del Treball y CEOE Aragón para reivindicar infraestructuras comunes que consideran prioritarias para aumentar la competitividad de las empresas y tejidos productivos de esas tres autonomías y del resto de España.
También aprobó la incorporación a su base asociativa de la Asociación Valenciana de Startups, S2 Grupo, Productos Velarte, TM Grupo Inmobiliario y Forest Chemical Group.
En la reunión celebrada en la sede de Hernán Cortés, el Comité Ejecutivo de la CEV acordó asimismo el nombramiento de Yolanda Atiénzar, directora general de Soluciones Logísticas Integrales S. A. (Slisa), como nueva presidenta de la Comisión de Logística y Transporte de la organización.
La CEV rechazó los cambios que plantea el Gobierno para limitar la subcontratación a actividades especializadas y que el convenio de la empresa principal sea asumido por toda la cadena de subcontratas. Alerta de que «la mayoría de empresas, especialmente las pymes, no podrán asumir las condiciones laborales de la empresa principal cuando sean subcontratadas» y pide que los sectores, a través de la negociación colectiva, garanticen las condiciones laborales y de contratación.
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