Feria Valencia encara la recta final de la legislatura sin resolver su privatización

A estas alturas del año, se da por sentado que el Consell volverá a incumplir sus propios plazos sobre el proceso de privatización de Feria Valencia, que los socios del Botánico preveían completar en 2017, según el calendario presentado por los implicados en mayo de 2016.

El director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, informó a Les Corts en julio de que la asunción, por parte de la Generalitat, de la millonaria deuda de las obras de ampliación del recinto estaba muy avanzada y culminaría antes de final de año.

Ese proceso, no obstante, sigue enquistado en la subrogación de la deuda de los bonistas, entre los que se incluyen Mutua Madrileña, el Banco Cooperativo Español e inversores internacionales. El último escollo es la negociación con la compañía que aseguró esa operación para cambiar el titular de la deuda de Feria, que pasaría a ser la Generalitat.

Mientras desde la conselleria que dirige el socialista Vicent Soler tratan de resolver ese asunto, el departamento a cargo de Rafael Climent, de Compromís, se aferra a sus competencias para decidir sobre el futuro modelo de gestión ferial e insiste en mantener el control público.

Las discrepancias en el seno del Gobierno valenciano, unidas a la complejidad del proceso, retrasaron el cambio legislativo necesario para refundar Feria Valencia y hacerla viable: un decreto ley para hacerse cargo de la deuda de la ampliación (Hacienda) y otro para modificar la Ley de Comercio (Economía) y declarar las ferias de interés general autonómico para atribuir a la Generalitat la competencia de organizar ferias, directa o indirectamente.

Esa modificación normativa es el único hito que se ha cumplido de la hoja de ruta anunciada a bombo y platillo en 2016 por los responsables de ambas consellerias, junto al alcalde Joan Ribó y al empresario José Vicente González, presidentes del Patronato y del Comité Ejecutivo de la institución, respectivamente.

Mientras no se complete la subrogación de la deuda de Feria Valencia (480 millones) y de la Institución Ferial Alicantina (45,6 millones), seguirá pendiente la disolución del Patronato y la designación de una comisión gestora, así como el diseño de un cuaderno de venta y un plan de negocio. Y tampoco se podrá iniciar el diálogo competitivo con los operadores privados interesados en participar en la futura gestora del negocio, a falta de confirmar si tendrían el control o no.

Llegados a este punto, el riesgo de agotar la presente legislatura sin cerrar la reestructuración planteada en la última etapa del PP, del que alertaba LAS PROVINCIAS hace un año, es ya una triste realidad que nadie niega, al menos en privado.

Mientras sigue pasando el tiempo sin resolver la privatización de Feria Valencia, las buenas perspectivas del negocio tras varios años seguidos con resultados operativos positivos constituyen la mejor garantía de futuro para la institución, que exhibió músculo en la última feria del mueble y prevé volver a mostrar su mejor versión en Cevisama.

Cerró 2017 con un beneficio operativo de 940.000 euros y 2,9 millones en pérdidas por las reservas para la anulación del Expediente de Regulación de Empleo de 2011 y este año preveía volver a beneficios después de ocho ejercicios en números rojos, con planes de elevar un 8% la facturación en 2019, hasta los 21,6 millones, y ganar 621.000 euros.

De momento, el pleno del Consell autorizó ayer una aportación de 19,4 millones con cargo al presupuesto de 2019, como cada año hasta que llegue la prometida solución, para financiar la modernización ferial.