Las figuras de supuesta protección agraria movilizan rechazos de los agricultores

Pero el problema no estriba exactamente en una cuestión de propiedad, que nadie pone en duda, sino en cómo se desarrollarían a partir de ahí las actividades habituales de cultivo, pues los afectados temen, con la razón que les aportan experiencias de casos similares, que ese tipo de reconocimientos quedan muy bien sobre el papel, pero en la práctica se van traduciendo en todo tipo de restricciones y trabas productivas que aumentan sus gastos, limitan sus acciones y reducen sus rendimientos, por lo que, al final, los resultados son buenos para quienes desarrollan otras actividades alrededor del espacio protegido, pero no para quienes integran ese espacio que actúa de polo de atracción.

En tierras valencianas se sabe bastante de todo ello. La Ley de Protección de l'Horta no ha traído mejoras concretas y palpables a quienes todavía trabajan los campos en las porciones huertanas que no están en abandono. Seis años después de aprobarse la ley, el saldo no es positivo en términos de agricultores en activo, superficie realmente cultivada y viabilidad económica general. El paulatino deterioro puede permanecer oculto a quienes sólo disfrutan del paisaje paseando por las sendas entre distintos tonos de verde, pero en la práctica se traduce en muchos signos: se agudiza la falta de relevo generacional, crece la superficie de huerta no cultivada, se agranda la lista de productos con malos precios y hasta con la chufa, que es cultivo exclusivo de la huerta norte más pegada a Valencia, no es oro todo lo que reluce y la rentabilidad neta va a la baja para el productor.

Los propios labradores lamentan que las figuras de protección, como dicha ley, no vayan acompañadas de iniciativas que actuaran de revulsivos para impulsar cambios tajantes. De ahí que desconfíen de pleno de que la más reciente declaración de Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), por parte de la FAO, sirva para algo práctico. Si preguntas te señalan enseguida los campos de cebollas, sin precio, y te advierten que detrás pueden ir las patatas, recién iniciada la campaña de recolección. Para el verano cabe esperar el acostumbrado varapalo de las sandías.

Aparte de los malos precios y la caída de rentabilidad, los agricultores huertanos 'protegidos' sufren mayores limitaciones burocráticas que antes de la ley y de la distinción de la FAO. No pueden hacer casi nada que vaya en mejora de sus estructuras productivas, ya que hay que mantener el mosaico parcelario tal como está, no cabe modificar canales y acequias y ni siquiera variar caminos. De modo que, por ejemplo, queda limitada muchas veces su capacidad de venta de producciones, al no poder acceder grandes camiones hasta los campos. Durante el proceso de elaboración y presentación de la ley todo eran cantos y alabanzas. Después, más burocracia. Cristóbal Aguado, presidente de AVA, señaló, tras el reconocimiento de la FAO, que estaba bien, pero que de eso sólo no se vive.

El problema común, aquí y en el olivar andaluz, es que la visión 'protectora' de élites políticas e intelectuales no siempre concuerda con la de los actores reales a 'proteger'. Mucho menos la del turismo que se pretende atraer.