La Fiscalía ve indicios de delito ambiental en la fragmentación de la megaplanta fotovoltaica de Los Serranos

Fue en febrero cuando el ministerio público admitía la querella y, ahora, tras recibir un informe preliminar elaborado por la Unidad de Agentes Forestales y Medioambientales –adscrita a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado– se produce este paso más, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Según el escrito, el informe analiza las cuatro plantas fotovoltaicas que cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable aunque la denuncia hace referencia a la fragmentación del macroproyecto en otros 19 que discurren por los municipios de Villar del Arzobispo, Llíria, Andilla y Casinos.

Así, dicho informe «hace constar que se advierten errores de base en las descripciones del esquema de las infraestructuras en los proyectos a tratar». Asimismo, menciona que la calidad técnica de los estudios de impacto ambiental «ha sido poco rigurosa, presentando muchos errores de base que el órgano ambiental no debería haber pasado por alto». Y cita textualmente el escrito que el informe califica esta situación de «bastante inédita», además de señalar una «acumulación de errores» que el informe incluso califica de «preocupante» y «falta de seriedad».

La Fiscalía no se queda ahí y, tomando como referencia el informe preliminar de la unidad mencionada anteriormente, apunta que el análisis de los esquemas de ubicación de las infraestructuras permite comprobar que cada planta, así como su línea de evacuación, de la que se solicita autorización se relaciona con otras fotovoltaicas. Asimismo, incide en que el impacto de cada proyecto debe evaluarse «de manera conjunta».

En este sentido, recoge que es el mismo promotor el que presenta todos los proyectos, están próximos todos ellos, se tramitaron a la vez y, además, tienen 50 megavatios (MW), una fórmula que permite esquivar la tramitación ambiental del Gobierno y quedar en manos de la Administración autonómica, es decir, la Generalitat.

En ese sentido, para la Fiscalía, hay indicios «suficientes» para continuar con la causa e, incluso, es necesario para analizar técnica y jurídicamente «cuestiones que pueden determinar la existencia de irregularidades administrativas». Asimismo, considera que hay razones para pensar que se ha presentado un «macroproyecto fragmentado».