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Los billetes de 500 euros, cada vez más controlados.

El Gobierno limitará aún más el pago con billetes y monedas

Los abonos en efectivo entre empresas y profesionales quedarán limitados a 1.000 euros por operación y el objetivo de Hacienda es seguir disminuyéndolo para los ciudadanos de a pie

J. M. Camarero

Martes, 13 de octubre 2020, 20:22

El Gobierno ha retomado su anteproyecto de ley contra el fraude fiscal después de que el adelanto electoral del año pasado finiquitara la tramitación parlamentaria de esta norma que mantiene medidas como la limitación de los pagos en efectivo. El Ejecutivo quiere bajar de 2.500 a 1.000 euros el uso de billetes y monedas para operaciones entre empresas y profesionales. No ocurrirá así para particulares, que podrán seguir pagando en efectivo hasta 2.500 euros.

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A pesar de que se trata de una medida dirigida a los profesionales, la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, señalaba este martes que el objetivo de Gobierno es seguir disminuyéndolo para los ciudadanos de a pie, para así «bajar a la mínima expresión» los pagos en efectivo y tener trazabilidad de todas las operaciones.

La limitación en el uso del efectivo para abonar operaciones de compra ya fue restringida hace ocho años, en la anterior crisis económica, cuando el entonces Gobierno presidido por Mariano Rajoy restringió a los 2.500 euros ese requisito.

 Por otra parte, la ley anti-fraude, que prevé recaudar 828 millones de euros tras su puesta en marcha, incorpora la prohibición de que cualquier Ejecutivo apruebe una amnistía fiscal.

Montero apuntó este martes que con la pohibición de las amnistías no se volverá «a perdonar a los incumplidores» a través de regularizaciones de las que habitualmente se benefician grandes fortunas y grandes contribuyentes.

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La titular de Hacienda cargó contra el proceso de regularización fiscal que el gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha poco después de llegar al poder a finales de 2011. Entonces permitió legalizar las rentas no declaradas por los contribuyentes que habían defraudado al fisco con una penalización tributaria. A cambio esperaba ampliar las bases de contribuyentes en un contexto de desplome de los ingresos tributarios. De los 2.500 millones estimados que recaudaría finalmente llegó a los 1.200 millones.

Respecto a la lista de morosos que cada año publica Hacienda se bajará el umbral de deuda que conlleva la inclusión en la lista de un millón a 600.000 euros, con la idea de promover y agilizar el pago de las deudas pendientes.

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Además, se reforzará el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas, de forma que los contribuyentes tendrán que informar de los saldos y titulares de las cuentas tanto en territorio nacional como en el exterior.

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