El Gobierno sopesa subir un 28 % el impuesto al diésel

El Ministerio de Energía sopesa un informe del comité de expertos sobre la transición energética que apunta a una subida del 28 % del impuesto aplicado al diésel para cubrir una rebaja en la factura de la luz. El estudio también plantea un aumento de la carga fiscal sobre la gasolina y el gas natural, aunque más reducida.

El informe del comité de expertos se basa en que es posible rebajar la factura de la luz a costa de incrementar el precio de los combustibles y penalizar con más tributos la contaminación medioambiental. Esa es, a grandes rasgos, la idea lanzada por la comisión de sabios designada para esta tarea hace nueve meses y cuyo trabajo recibió este lunes el Gobierno, asumiéndolo, aunque con matices, para ponerlo en práctica.

Los cálculos proponen sacar del recibo los costes que no están directamente relacionados con la generación, la distribución o el transporte y derivarlos a los Presupuestos del Estado, vía incremento del gasto o alza de impuestos. Es una «opción lógica», apuntan fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal, donde creen que es una propuesta «en la que se puede avanzar de forma gradual» sobre todo en la «fiscalidad medioambiental».

           Pero la empresa no es fácil. «No se puede hacer de hoy para mañana», insisten esas mismas fuentes. «Hay que analizar todas las implicaciones» sociales y económicas, apuntan. Se trata de extraer del recibo 10.800 millones de euros al año, que se distribuyen entre 7.000 millones de los compromisos por primas a las renovables concedidas en el sistema anterior, cuando gobernó José Luis Rodríguez Zapatero; los 3.000 millones de la deuda eléctrica que se fue generando hasta 2013; y otros 800 millones referidos a los costes extrapeninsulares. Los expertos aconsejan que lo asuma el Estado a través de los Presupuestos, bien con partidas directamente financiadas por las cuentas públicas, o con incrementos tributarios. Y aquí reside la clave.

     

     Los técnicos consideran que el sistema cubriría esos costes con un incremento de hasta el 28 % en el Impuesto de Hidrocarburos que se aplica al diésel -el más contaminante-; un 2% a la gasolina; y un 5,8 % al gas natural. Además, señalan una posible subida del IVA desde el tipo máximo actual del 21% hasta el 22,1 %. «Se tocan figuras impositivas que incluso están transferidas a las comunidades autónomas», recuerdan en Energía, donde ven complejo aplicar alzas tributarias en todos los impuestos señalados por los expertos y en esas cantidades, al menos a corto plazo. Además, el informe indica que el bono social -el descuento de hasta el 40 % que tienen las familias vulnerables- también debería correr a cargo de las cuentas públicas, y no de las compañías, como ocurre ahora.

Si todo ello se aprobara, la factura de la luz podría descender alrededor del 7 %. Para un recibo medio actual, de unos 60 euros al mes, como el calculado por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia periódicamente (CNMC), la rebaja de la electricidad superaría poco más de los 4 euros al mes, siempre que se trate de un contrato ligado al precio regulado (PVPC) y no a las tarifas planas a las que ya se encuentran acogidos más de un 55 % de los usuarios domésticos.

   El Ministerio se aferra al escenario más optimista planteado pos los expertos para defender la presencia de las centrales térmicas de carbón en el sistema, al menos a medio plazo. En su análisis, los sabios estiman un precio de los derechos por emisión del dióxido de carbono (CO2) de entre 50 y 206 euros por tonelada, lo que relegaría a esta tecnología a su desaparición, como así estiman. Pero Energía relativiza esos cálculos indicando que «no resultan sencillos de realizar». Si se mantuvieran los precios actuales -en mínimos históricos de siete euros por tonelada- el carbón «puede contribuir favorablemente» al suministro. De paso, avalan su postura contraria a la de Iberdrola de cerrar sus dos últimas plantas térmicas en España.

El sistema también evitaría mayores costes si se adoptase otra de las propuestas del comité: la de prolongar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años fijados inicialmente para su explotación. La medida es «relevante», apuntan en Energía, porque el vencimiento de algunas concesiones -Almaraz I y II, y Vandellós II- es inminente. El informe sostiene que prescindir de estas plantas incrementaría el coste de generación entre 2.000 y 3.000 millones al año, además de incrementar las emisiones de CO2.

           El texto, de casi 600 páginas y aprobado con el voto a favor de 11 de los 14 miembros del comité, será ahora sometido a negociación con los grupos de la oposición, porque el Ejecutivo precisa de sus votos para sacar adelante cualquiera de las medidas incluidas en el análisis. Además, confirma que el futuro energético pasará por las renovables, a cuyas instalaciones dotan de todo el protagonismo de nuevas construcciones en los próximos años hasta que en 2030 representen casi un 30 % de la potencia instalada. Entre todas, la fotovoltaica será la más relevante, pasando a ser la primera fuente verde del sistema en la próxima década frente a la actual, que tiene ese puesto actualmente.