El PP lanza un paquete de rebaja de impuestos contra el «infierno fiscal» del Gobierno

En detalles, los populares proponen recuperar hasta el 31 de diciembre de 2025 la aplicación de un IVA reducido a los alimentos básicos, que en este caso sería del 2% y no del 0% como sucedió hasta el año pasado. También recuperar las medidas fiscales para rebajar el recibo de la luz y el gas, que se reduciría al 5% -en este caso sin una fecha de caducidad prevista- así como la suspensión del Impuesto del 7% sore el valor de producción de la energía eléctrica.

Por otra parte, los populares también apuntan al Impuesto sobre la Renta proponiendo las «modificaciones» necesarias para ajustar la a la inflación «y así compensar la pérdida de poder adquisitivo derivada de la progresividad en frío». Esta medida pasaría por actualizar de acuerdo a los precios las tarifas de al menos los tres primeros tramos del impuesto -que afectan a las rentas de hasta 35.200 euros-, «así como los mínimos personales y el resto de deducciones de dicho impuesto que atienden a circunstancias familiares y personales». Y que supondría, en la práctica, una rebaja fiscal significativa. La moción del PP asegura que Hacienda ha ingresado cerca de 11.000 millones de euros en los últimos años por no deflactar la tarifa del IRPF. La medida que plantea supondría la renuncia a una buena parte de esos ingresos extra.

El PP tampoco abandona la batalla que ha mantenido en las últimas semanas con el el Ejecutivo y, singularmente, con el Ministerio de Hacienda, a cuenta de la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Propone que el IRPF se adapte a este incremento para impedir que sus perceptores tengan que tributar. «La realidad es que las empresas pagarán 914 euros más de los cuales los trabajadores van a recibir solo 354 y el Estado se va a quedar hasta 560 euros, el 61% de lo pagado por empleador».

Asimismo, también pide «sin mezclarlo con cuestiones de otra índole» la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas mediante un Real Decreto Ley «específico» con el fin de que las comunidades autónomas y las entidades locales puedan prestar los servicios cuyas competencias están transferidas. El decreto que se aprobó dejó fuera los anticipos a cuenta que reciben las comunidades autónomas. Una medida que tiene un impacto de casi 10.000 millones de euros y que quedó en el limbo a la espera de un nuevo acuerdo con Junts, que exigió eliminar esta actualización y vincularla a la senda fiscal que todavía tiene que negociarse.