Los frentes abiertos del turismo valenciano

El sector turístico es una de las piedras angulares de la economía de la Comunitat pero ese papel no le libra de pasar por algún que otro bache que pone su estabilidad en juego. Son varios los frentes que el turismo tiene abiertos.

Son varios los puntos del convenio colectivo de la hostelería con los que los sindicatos se muestran descontentos, sobre todo los relacionados con materia salarial y condiciones de trabajo. Pero, tras un año, las negociaciones siguen bloqueadas. CC OO y UGT denuncian que los salarios están «congelados desde 2014», por lo que alegan que desde 2015, los trabajadores «han perdido cuatro puntos de poder adquisitivo». La patronal ofrece una subida del 6% en cuatro años, frente al 15% que piden los sindicatos.

También reclaman la limitación de la externalización de puestos de trabajo a empresas multiservicios y critican el contrato de inicio en el sector, con un salario un 20% inferior a las tablas salariales pactadas. Como consecuencia, ambos sindicatos amenazaron con huelgas en plena temporada de verano. Aunque finalmente el paro del 15 de agosto fue cancelado por falta de movilización y coordinación, ya que algunos trabajadores mostraron reticencias a parar en uno de los festivos con mayores retribuciones, sí que mantienen las acciones previstas para la semana del 17 al 24 de septiembre, con el objetivo de que coincidan con la feria del mueble, Habitat.

Los viajes del Imserso también están siendo foco de controversia. Por un lado, los hosteleros denuncian los bajos precios de los programas organizados que, según la Asociación Empresarial Hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec), «les obligan a trabajar a pérdidas». A pesar de que los hoteleros consiguieron que el Gobierno aumente el coste mínimo de los viajes más baratos del Imserso, que pasarán de 21 a 23 euros a partir de la próxima temporada, siguen en pie de guerra.

Añadido al retraso en las adjudicaciones de los programas desde principios de año, es decir, aproximadamente ocho meses, se une el que supondrá el recurso presentado por Mundosenior y la más que probable impugnación a las adjudicaciones por parte de Mundiplan. Como consecuencia, se verían afectados los viajes, previstos para octubre, y las empresas pondrían en marcha planes de contingencia que pasan por expedientes de regulación temporal de empleo, no renovaciones de contratos temporales, la salida anticipada de fijos discontinuos y la cancelación de pedidos de suministros.

Es de sobra conocida la batalla con los apartamentos turísticos. Este tipo de turismo, muchas veces no regulado, y 'low cost', es otro de los frentes abiertos del sector que no solo afecta a los hoteleros, sino que también entran en juego los vecinos. Mientras que el número total de nuevas altas en estos primeros seis meses es de 3.500 pisos, lo cierto es que la provincia de Valencia y Castellón registraron una caída de este tipo de alojamiento.

Las razones de este frenazo en Valencia son varias, pero las más determinantes residen en las trabas burocráticas y los requisitos para conseguir la autorización de algunos ayuntamientos para poder operar, sumados a las cargas fiscales que conlleva frente a las ventajas del alquiler convencional. También preocupa la saturación que sufren otras ciudades como Barcelona o Madrid. Por ello, los empresarios exigen que se controle la masificación del turismo 'low cost'. Ejemplo de ello son los vecinos que, debido a la oferta ilegal que incumple la normativa urbanística, se ven obligados a abandonar sus viviendas.

Entre las preocupaciones de las administraciones valencianas en relación a los alojamientos turísticos, la de la sustitución de vecinos por turistas ocupa uno de los primeros puestos. Es por ello que el Ayuntamiento de Valencia aprobó el año pasado la suspensión cautelar de la tramitación de nuevas licencias de obras y actividades para hoteles y apartamentos turísticos que supongan un cambio de residencia a un terciario. En este caso, se trataba de una medida para la zona de Ciutat Vella, pero el Consistorio también planteaba limitaciones en el Cabanyal. Asimismo, a principios de este mes, el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella presentado protege a más de 2.250 inmuebles para que tengan uso residencial.

El debate de la aplicación de la tasa turística se resume en los motivos por los que la patronal hotelera se opone a ella. En primer lugar, aseguran que el coste de la tasa turística afectaría sólo a «las empresas legales que crean empleo» mientras que favorecería a la economía sumergida y a los alojamientos turísticos ilegales y no regulados. Según Hosbec, los alojamientos no regulados aumentarían su ocupación, mientras que la hostelería se vería mermada. Desde la patronal del sector señalan que la Comunitat registra uno de los peores ratios de gasto por turista, por lo que la imposición de esta tasa supondría que «lo que se pague por ella se dejaría de gastar en otros servicios».

Por ello, consideran que la región no dispone del margen necesario para arriesgarse a las consecuencias de esta implantación y tachan de «irresponsabilidad» poner en riesgo al turismo, un sector que «supone el 14% del PIB». Así, denuncian que «una recaudación máxima de 30 millones no justifica poner en peligro un sector tan estratégico». Por otro lado, añaden que «el turismo ya aporta entre 3.400 millones y 3.600 millones en impuestos en la Comunitat». Desde Hosbec también apuntan a la importancia del turismo interno de la región, por lo que «el 30% de los contribuyentes de este impuesto serán los propios ciudadanos valencianos». Además, critican la falta de transparencia de la recaudación y gestión de la tasa turística.