La Generalitat Valenciana, abocada a costear las indemnizaciones por el ERE de Feria

Los hasta cuatro millones de euros que costará a Feria Valencia readmitir a las 106 personas afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acometió en 2011, anulado por la justicia, previsiblemente acabarán engrosando el listado de deudas de las que se hará cargo la Generalitat.

A falta de que la institución que preside José Vicente González reciba la aclaración solicitada al Tribunal Supremo y calcule el impacto económico del fallo, se da por sentado que la marcha del negocio ferial no permitirá duplicar su plantilla para hacer hueco a esos exempleados, ni tampoco costear los entre uno y cuatro millones a los que, como publicó LAS PROVINCIAS, ascenderán esas indemnizaciones.

Cabe recordar que Feria Valencia sigue a la espera de que la Generalitat asuma oficialmente la deuda cercana a mil millones de euros por las obras de ampliación del recinto, que lleva años pagando ante la incapacidad de la institución de devolver la financiación que obtuvo con aval de la administración autonómica.

Así las cosas, buena parte de los implicados contemplan ya la opción de que, llegado el momento, desde la Feria trasladen a la administración que no pueden hacerse cargo de esas indemnizaciones y estas acaben recayendo sobre la Generalitat.

La propia Conselleria de Economía, competente en ferias, afirmó tras conocer la decisión del Supremo que acata el fallo pero «lamenta profundamente la herencia de los gobiernos del PP en este tema», que «afecta a los bolsillos de los valencianos», con «mil millones de deuda que hipotecan los presupuestos, a razón de treinta al año», a los que podrían sumarse los necesarios para readmitir a los afectados por el ERE, pagarles los salarios que dejaron de percibir y volver a despedirles.

Para calcular el desembolso total, Feria Valencia analizará caso por caso la situación del centenar de exempleados para determinar cuántos quieren volver y devolver la indemnización percibida en su día, abocados a un nuevo despido en condiciones, y cuántos lo descartan por estar jubilados, trabajando en otra empresa o con sus propios negocios.

A la falta de músculo financiero para asumir esa cuantía se une, además, otro argumento que refuerza la teoría de que esa deuda también acabará en manos de la Generalitat. Y es que el tribunal superior valenciano tumbó la resolución de la Dirección General de Trabajo que autorizaba el ERE en Feria Valencia por distintos motivos, entre ellos la falta del preceptivo informe de la Inspección de Trabajo, que debía pedir ese órgano autonómico, en esa época a cargo de Román Ceballos.

Podría darse el caso, incluso, de que el Gobierno valenciano pidiese la responsabilidad patrimonial de Ceballos por la decisión que adoptó como director general de Trabajo.

Este revés judicial, sobradamente contemplado por los órganos de gobierno feriales, llega en un contexto de intercambio de decretos, correcciones y nuevas versiones, entre las Consellerias de Economía (Compromís) y Hacienda (PSPV), que mantienen sus discrepancias en torno a si la futura gestora del negocio debe ser mayoritariamente pública o privada.

La refundación pactada por la Generalitat, el Ayuntamiento y la Feria en mayo de 2016 acumula ya más de un año de retraso, pendiente ahora de que cada conselleria dé el visto bueno al decreto de la otra. El de Hacienda, sobre la asunción de deuda y al que se añadirá la de la alicantina IFA, y el de Economía, para declarar las ferias de interés general autonómico y atribuir a la Generalitat la competencia de organizar salones, directa o indirectamente. Cuando estén listos, irán al pleno del Consell y, de ahí, a Les Corts.