La polémica de la cita previa de las ITV valencianas acaba en el juzgado a las puertas de la reversión

La Conselleria de Economía dictó el pasado diciembre una orden para forzar a las empresas a seguir ofreciendo este servicio hasta el 30 de junio, así como mantener otros como los relativos al software informático y de actividades como la telefonía. Pero la misma fue rechazada por las adjudicatarias, que directamente la consideraron ilegal y la recurrieron.

Sin embargo, tal y como ha podido saber este diario, la Generalitat ya ha informado de que este recurso ha sido rechazado. No se toman en consideración los cuatro puntos expuestos y que, entre otras cosas, hacían referencia a que era una cláusula que no quedaba clara en el contrato firmado hace 25 años. La resolución establece que contra la misma ahora tan solo se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado. Y eso es justo lo que van a hacer las empresas, que también pedirán la suspensión cautelar de la normativa.

Este nuevo enfrentamiento en los tribunales –ya ha habido previos por cuestiones como las tarifas que se han ido modificando en los últimos meses– tendrá una consecuencia directa para la ciudadanía. Desde hace semanas están bloqueadas las citas previas a partir de finales de febrero y principios de marzo y, por los ajustados plazos hasta esta fecha, es más que probable que este asunto no se dilucide a tiempo.

De forma paralela, las pocas plazas que quedan para pasar la ITV en las diferentes estaciones se van agotando mientras no se desbloquean nuevas. Se espera que el problema se vaya agravando con el tiempo, en especial en estaciones como la de Vara de Quart de Valencia que cuenta con una importante demanda. Algo que afectará a particulares, pero también a profesionales como los del sector del taxi.

En este sentido, la nueva empresa pública que gestionará el servicio, que se reunió este martes, prepara a contrarreloj un portal en el que se puedan pedir las citas ya que ahora cada empresa lo gestiona de forma independiente en cada una de sus webs. El problema es que no hay una fecha para que entre en activo y no se descarta que se vayan a pedir citas a mano, tal y como se ha admitido a los sindicatos en uno de sus encuentros.

Por su parte, la Generalitat ya da por sentado que la reversión de las ITV valencianas va a ser un proceso con más turbulencias de las deseadas. Una vez constatado que las relaciones entre la Administración y las concesionarias están completamente rotas y se mira más a los tribunales que a la colaboración, el conseller de Economía, Rafael Climent, ha admitido que «va a haber problemas».

Así se ha pronunciado el máximo dirigente del departamento que gestiona el proceso que pondrá fin a algo más de un cuarto de siglo de privatización y que utiliza como argumento político que el mismo ha terminado salpicado en el 'caso Azud' en el que se investiga al expresidente Eduardo Zaplana. Además, se defiende que con la gestión pública se bajarán los precios, que hasta hace poco eran los más altos de España.

«Nosotros vamos a intentar estar preparados esos días, pero yo sé, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, que vamos a tener algunos problemas por la poca colaboración que han tenido (las empresas)», ha manifestado el conseller en declaraciones a Europa Press. De esta forma, ha dejado toda la responsabilidad en manos de unas concesionarias que consideran que se han aprovechado de ellas.

Pero también es una realidad que, aunque en 2019 ya estaba claro que se quería realizar la reversión, la maquinaria para preparar todo el proceso se activó en el último momento. De hecho, la prórroga de dos meses de diciembre se aprobó ante la evidencia de que la Administración y la nueva empresa no estaba lista para asumir el servicio, pese a que se utilizó la argumentación de que se compensaban los cierres por la pandemia. Sin embargo, para el conseller esta precipitación no ha existido y la hoja de ruta siempre ha estado clara.