El polémico decreto de tanteo y retracto aprobado por el Consell hace pocas semanas para ampliar el parque público de viviendas -puesto en cuestión desde el sector inmobiliario y que el PP pretende llevar al Constitucional- ha permitido al Gobierno valenciano adquirir 218 viviendas que el Banco Sabadell tenía previsto vender al fondo de inversión Cerberus. El vicepresidente segundo y titular de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, presentó ayer la «histórica» operación, obvió las críticas que el decreto ha recibido incluso de partidos del Botánico y decidió difuminar las «amenazas y presiones» que, según él mismo, había recibido en los últimos días por aprobar ese decreto.
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El Botánico dio luz verde a este decreto el pasado 5 de junio. El texto amplía el margen del que ya disponía la Generalitat desde 2004 para ejercer el derecho de tanteo y retracto para las viviendas de protección pública al añadir las operaciones inmobiliarias sobre pisos en proceso de subasta por impago, las transmitidas por dación en pago o edificios enteros que se vayan a vender entre privados. Una medida ampliamente criticada desde el mercado inmobiliario, que considera que revela la voluntad de Podemos, formación a la que pertenece Dalmau, de intervenir en los procesos de venta del mercado inmobiliario, generando amplia inseguridad jurídica.
El vicepresidente segundo se revolvió ayer contra esas críticas, así como por las discrepancias señaladas desde el PSPV, que ha venido mostrando sus preferencias porque el texto, que debe ratificar Les Corts la próxima semana, se tramite como proyecto de ley. El texto, dijo Dalmau, está «ampliamente legitimado» por el Botánico, al tiempo que subrayó su voluntad de «dialogar». Ximo Puig, añadió, «dio un espaldarazo muy importante a las políticas de vivienda», y recalcó que todo se dialoga dentro del «marco de las tres patas del Botànic» en referencia a los socialistas, Compromís y Unides Podem. «Todos estamos de acuerdo con esas políticas y el decreto ley fue negociado, participado y legitimado por el Botánico».
Dalmau se mostró satisfecho por «haber logrado cerrar la mayor operación de adquisición de vivienda pública mediante tanteo que se ha hecho nunca en España». Y justificó la intervención de su departamento cuando el Banco Sabadell notificó la transmisión de todas estas viviendas a un fondo de inversión: «En este punto fue cuando realmente nos vimos con la obligación política de impedirlo. De no haberlo hecho, hubieran terminado las casas en las manos de quién quiere hacer negocio, no para solucionar la vida de la gente, y fue en este instante cuando decidimos vamos a comprarlas».
La operación se lleva a cabo en tres fases sobre un total 218 viviendas procedentes de los Servicios de Gestión de Vivienda e Innovación Social del Sabadell -conocido como Sogeviso-, con una inversión de 8,5 millones. Las dos primeras fases, que suponen 188 viviendas, se concentran en la provincia de Valencia con 148 viviendas y en Alicante con 39 viviendas. Las últimas treinta viviendas se cerrarán a finales de este año.
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