La Generalitat Valenciana amenaza con llevar a los tribunales a las ITV tras dejar de dar cita previa

Así lo ha asegurado Josep Albert, el nuevo director general de la empresa pública que gestionará el servicio, en una entrevista a la Ser en la que ha arremetido contra la posición de los gestores privados de las diferentes estaciones. «Estamos intentando que nos dejen todo en las mismas circunstancias y sino activaremos el plan b para garantizar el normal funcionamiento», ha indicado el dirigente de Compromís y hasta hace poco alcalde de Albaida.

El responsable de la empresa pública de ITV ha admitido que primero van a tratar de agotar la vía del diálogo, pero ya abre la puerta a acciones judiciales. La realidad es que, hoy por hoy, todos los puentes entre la Generalitat y las empresas concesionarias están rotos y la falta de entendimiento ya está afectando a los usuarios. Ante la evidencia de que va a ser un traspaso conflictivo se prepara un nuevo portal de la Generalitat para dar citas, aunque no está claro cuándo estará operativo.

En estaciones concurridas como la de Vara de Quart de la ciudad de Valencia ya no quedan plazas disponibles y no se dan más allá de la reversión que se efectuará el 25 de enero y el 3 de marzo, dependiendo del caso. En otras con menos tráfico como la del barrio de Campanar, Catarroja, Alzira, Gandia, Alicante o Castellón quedan citas, pero nunca se ofrecen más allá de la fecha de la reversión.

Conforme pasen los días el problema se agrandará ya que habrá más y más usuarios y profesionales de sectores como el del taxi que querrán pasar la prueba y no podrán hacerlo. Hasta el mismo Albert ha admitido en la entrevista que la reversión «fácil no va a ser» y «que seguramente va a haber problemas» que irán más allá de las citas previas.

Por ello no se quiere descartar la vía judicial. La Generalitat tiene a su favor que se ha aprobado una resolución que establece que se debe garantizar el servicio de reserva horaria y el de otros proveedores hasta junio. Pero las concesionarias han recurrido la normativa por vía administrativa al considerar «inadmisible e ilegal» que tengan que garantizar algo cuando termina su contrato. El servicio está en el aire. Además, denuncian que en otras reversiones como las hospitalarias había una hoja de ruta clara y que ahora la misma se improvisa.

Los frentes judiciales entre Generalitat y empresas concesionarias no son un terreno nuevo. La relación comenzó a deteriorarse hasta llegar a los juzgados durante el último Consell encabezado por el PP y ha ido a peor con el tripartito de izquierdas. Se han impugnado resoluciones públicas sobre las tarifas que han provocado una verdadera montaña rusa de precios para los valencianos. El problema es que, en este caso, el margen para la actuación judicial es más que escaso ya que la primera tanda de reversiones empieza en menos de un mes. El reloj corre más que nunca.