La Generalitat valenciana cerró 2018 sin pagar ni un euro de las ayudas a la industria o la pesca

Las críticas al Consell por no pagar las ayudas prometidas a distintos colectivos y dejar perder fondos en materia de empleo, industria, cooperativismo o internacionalización fueron una constante durante la pasada legislatura. A los reproches realizados por este motivo al departamento que dirige el conseller Rafael Climent, desde los grupos de la oposición e incluso por la extinta patronal alicantina Coepa, se suma ahora la Sindicatura de Comptes en su último informe.

En el documento presentado el lunes en Les Corts, sostiene que «se mantienen unos niveles de pago muy bajos, o incluso nulos, en algunas líneas de subvenciones». El órgano fiscalizador advierte de que ese hecho, además de incumplir los plazos establecidos en la normativa que regula esas ayudas, conlleva «un efecto negativo que podría ser importante sobre determinados colectivos o entidades cuyas actividades son objeto de las ayudas».

El Síndic pone el foco en subvenciones de las que la Administración no pagó prácticamente ni un euro, como las de política industrial o las destinadas a la organización y mejora de la producción pesquera, con un grado de cumplimiento del 0,2% y el 0%, respectivamente, frente al discreto 2,3% registrado en programas presupuestarios como el de planificación, transporte y logística.

De los 121,7 millones de euros que la Conselleria de Economía se comprometió a abonar en ayudas a la industria en 2018, finalmente apenas pagó 200.000 euros, mientras que 121,5 millones se quedaron pendientes de pago al cierre del ejercicio.

A la espera de fondos públicos se quedaron también los beneficiarios de las subvenciones a la pesca, con obligaciones reconocidas por importe de 2,2 millones –de los algo más de doce presupuestados– y ni un solo euro desembolsado por parte de la Generalitat en todo el año.

Algo mejor es el balance en materia de transporte y logística, donde pagó un millón de euros pero dejó pendientes otros 44,1 millones.

Al igual que en anteriores informes de fiscalización, el Síndic mantiene que las consignaciones definitivas del presupuesto de la Generalitat de 2018 fueron «insuficientes para atender las transferencias y subvenciones» que debía conceder, por lo que insta a efectuar «una elaboración presupuestaria más ajustada a las necesidades reales previstas« para cumplir los objetivos.

El presupuesto definitivo del capítulo de gastos por transferencias corrientes fue de 4.958,7 millones, con un grado de cumplimiento del 75% pese al «bajo nivel de pagos« en programas como el del servicio de empleo, antiguo Servef, que sitúa en el 8,8%. En el caso de transferencias de capital ascendió a 626,9 millones, con »bajo grado de cumplimiento general« y la industria o la pesca entre los peor parados.

En materia de vivienda, reitera las dificultades para realizar una estimación razonable de las obligaciones que deberá reconocer la Generalitat por ayudas adeudadas del Plan de Vivienda. «Desde hace años no queda nunca claro cuáles son las obligaciones que al final tendrá que aceptar la Generalitat por las ayudas dadas en el Plan de Vivienda«, señaló el síndic major, Vicent Cucarella.

En sus recomendaciones, urge a agilizar las gestiones para resolver los expedientes en tramitación, además de revisar las estimaciones de lo que podría costarle a la Administración este tema. También aconseja premura a los gestores de subvenciones y órganos sancionadores, en su caso en los procesos de reclamación de deudas para evitar que prescriba el derecho a exigir su cobro.