La Generalitat baja un 60% en prevención de riesgos y un 85% en accidentes investigados desde 2015

El servicio de prevención de riesgos laborales de la Generalitat, encuadrado en el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) a excepción del relativo al sector sanitario, afronta bajo mínimos la reincorporación de los empleados públicos tras el confinamiento. Como publicó este periódico, el organismo que depende de la Conselleria de Economía tiene déficit de personal, con un 32% de vacantes y 72 de los 220 puestos sin cubrir, en torno a la mitad en el servicio de prevención.

No obstante, al margen de la falta de recursos que arrastra desde hace años, las cifras sobre el desempeño del servicio encargado de velar por la salud y seguridad laboral en la Generalitat no dejan de caer desde 2015.

Con prácticamente la misma plantilla que en la etapa del PP, las evaluaciones iniciales de riesgos en centros propios y organismos autónomos han descendido más de un 60%. Las 423 actuaciones de este tipo realizadas en 2015 bajaron a la mitad en apenas dos años y volvieron a caer hasta las 168 en 2018, según la última memoria aprobada por el Invassat y recién publicada en su página web.

En cuanto al número de trabajadores evaluados por el servicio de prevención, con unos 83.000 a su cargo entre funcionarios de la Administración, Justicia y Educación, de los 10.361 actuados en 2015 o los 11.147 del año siguiente se desplomó a 5.412 en 2017 y, un año después, a 4.459.

Otro tanto sucede con la investigación de daños a la salud que, por ley, debe realizar cuando se producen accidentes de trabajo en el sector público. En este caso, el descenso alcanza el 85%, al pasar de las 796 actuaciones de 2015 a apenas 289 un año después y hundirse a 120 en 2018.

Solo las investigaciones de enfermedades profesionales se salvan de un desplome de resultados del que la Generalitat, hasta la fecha, no ofrece explicaciones. Además, en los planes de acción anuales no se cuantifican los objetivos a conseguir, lo que dificulta verificar su cumplimiento.

Los sindicatos defienden la labor del personal y achacan el deterioro del servicio a la falta de recursos, a la que Carmen García, de UGT, añade la necesidad de priorizar otras actuaciones no programadas, como atender los requerimientos de Inspección.

Según Juan Carlos Núñez, de CCOO, prácticamente todos los centros públicos están evaluados, aunque habría que actualizar los riesgos para los trabajadores y añadir los de tipo psicosocial o los relativos al Covid-19. «Con la gente que hay, ahora se hace lo que se puede hacer de forma óptima, nada más», sentencia Mar Auñón, de CSIF.