La Generalitat destina 29 millones para ayudas al transporte público por carretera

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha anunciado que la Generalitat destinará 29 millones en ayudas para garantizar el transporte público de viajeros por carretera. Así lo ha explicado en una reunión telemática con representantes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y concesionarios de transporte por carretera.

Según España, se aprobarán nuevas medidas extraordinarias para indemnizar a las empresas de transporte público interurbano por Covid por valor de 26 millones. Estas nuevas ayudas se suman a las aprobadas el pasado julio por el Consell con el mismo objetivo y por un importe de tres millones.

El conseller ha destacado que la Generalitat considera que, "ahora más que nunca, es momento de apostar por el transporte público, un servicio esencial en el que estamos reforzando las medidas de seguridad y la eficiencia con el fin de garantizar la calidad del servicio prestado".

Asimismo, el conseller de Movilidad ha añadido que "la Generalitat ha realizado un importante esfuerzo financiero para ayudar a las empresas concesionarias de autobús con el fin de garantizar la continuidad del servicio de transporte por carretera en la Comunitat Valenciana, ya que la caída del número de viajeros y el incremento de los costes de limpieza y desinfección han provocado que estas empresas y sus trabajadores y trabajadoras atraviesen una delicada situación".

A estas ayudas podrán acceder las empresas que estuviesen prestando servicio de transporte regular de personas, competencia de la Generalitat, en el momento de la declaración del estado de alarma y que se comprometan a seguir realizándolos hasta el 31 de diciembre de este año

Para el cálculo de la indemnización se tendrán en cuenta la reducción de ingresos por la disminución de la demanda de viajeros; los costes fijos inherentes a las prestaciones no realizadas durante el estado de alarma, debido a las posibilidades de reducción de oferta que permitió la Administración, y los sobrecostes de explotación de los servicios derivados de las medidas de desinfección y protección.