La Generalitat lleva a juicio a un expropiado de Parc Sagunt II por mil euros

Según cuenta la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, esta decisión, además de retrasar el pago tres años mínimo, conllevará mayores costes para la Administración que la cuantía por la que se litiga. «En total, de acuerdo con los cálculos de ambas organizaciones agrarias, la Administración ha decidido agotar la vía administrativa y llevar a los tribunales a aproximadamente 800 agricultores para no pagar 25 millones de euros más, con los gastos en abogados y procuradores que un proceso de estas dimensiones supone y pese a que, por experiencias anteriores, este tipo de procedimientos tienen muy bajas probabilidades de prosperar dado que el TSJ suele otorgar al jurado la presunción de veracidad y acierto en sus valoraciones», denuncian desde las organizaciones agrarias.

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Arturo Cervellera

Los terrenos que contaban con cultivos como los caquis o las naranjas se pagaron, de media, a unos 16 euros el metro cuadrado en el proceso y ya han sido abonados. Pero los agricultores aspiraban a conseguir más y daban por hecho que lo lograrían tras las resoluciones positivas del Jurado de Expropiación, que elevaba las cuantías a 30 o incluso 40 euros dependiendo de los casos. Aunque ese dinero no llegará en el corto plazo. Si llega.

«La Generalitat no escatima recursos económicos para llevar a cabo las obras de urbanización en esta misma superficie. Los anuncios hechos públicos estos días acumulan más de 260 millones para labores de desbroce, acondicionado o accesos, así como la compra a 153 euros por metro cuadrado para construir un centro de formación de trabajadores para Volkswagen. Todo ello sin contar con las millonarias subvenciones prometidas a la gigafactoría», critican desde las asociaciones.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, consideran «demencial» el trato de la Generalitat Valenciana y el Gobierno central hacia los agricultores para beneficiar a Volkswagen. «Desangran y quitan al débil para dárselo al poderoso. Para nuestros gobernantes hay dinero a espuertas para Volkswagen, que no deja de ser una empresa privada, regalado a costa de pagar migajas a los agricultores, quienes se van a ver despojados de forma forzosa de su patrimonio y de su medio de vida y, además, se van a ver inmersos en un interminable juicio donde todos pierden», sentencian.

Por ello, las dos principales organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana solicitan a la Generalitat y al Gobierno que «rectifiquen» y acaten el precio marcado por el jurado de expropiación. «No alteren artificialmente el mercado del suelo y dejen de insultar a los agricultores y también a las empresas que anteriormente adquirieron sus espacios a precios mucho mayores porque eran los fijados por el jurado y el mercado», agregan las organizaciones, que insisten en que los productores no merecen «este robo». «En un Estado democrático este comportamiento manipulador de la Administración no cabe. O retiran la vía judicial o nos tendrán en la calle», advierten.