La Generalitat pregunta a las ITV sus plantillas y cuánto cobran para preparar la reversión

Comienza la cuenta atrás para revertir a la gestión pública la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana. Y con ella, crece la incertidumbre y el «riesgo de colapso« del que advierten desde hace meses las empresas que se encargan de ese servicio en la actualidad. Básicamente, porque desde el pasado jueves abren sus puertas sin saber cómo deben cumplir la obligación de que la Generalitat autorice cualquier contratación e inversión que realicen, prevista en los pliegos para los tres últimos ejercicios de la concesión.

Los socios del Botánico se comprometieron a tomar las riendas de las ITV a partir de 2023, cuando expire la concesión, y eso requiere un laborioso traslado a la gestión pública de un servicio que afecta a 1.200 trabajadores de siete empresas, con diversidad de convenios e incluso dos distintos por compañía, y que se presta, además, con sistemas informáticos diferentes.

De momento, la Generalitat ha enviado un requerimiento a las concesionarias para solicitarles información relativa al personal que tenían en plantilla al cierre de 2019.

En ese documento, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, la directora general de Industria, Empar Martínez, da una semana a cada empresa para facilitarle el organigrama de la concesionaria y de cada estación ITV en la Comunitat, así como el número total de trabajadores que posee en esta autonomía y en cada una de las estaciones de inspección y un desglose de los puestos de trabajo, que incluya la denominación y funciones de cada puesto, el tipo de contrato y el sueldo bruto anual actualizado al pasado diciembre.

En ese escrito, remitido a mediados de diciembre, Martínez advierte de que la falta de respuesta en tiempo y forma a su requerimiento podría considerarse una falta grave, con la correspondiente sanción.

Desde la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat para la ITV (Aecova) garantizan el envío de la información solicitada, a pesar de las dificultades para detallar su masa salarial a 31 de diciembre con anterioridad a esa fecha. Y enmarcan ese requerimiento en la necesidad de «ver la complejidad laboral que hay» para acometer la reversión, teniendo en cuenta el precedente de los hospitales de gestión privada y que cada empresa de ITV tiene uno e incluso dos convenios distintos.

En paralelo a esa petición de información sobre unas plantillas en las que convive personal del antiguo Sepiva (público) con otros asalariados, desde Aecova urgen a «aclarar el procedimiento para poder trabajar, cumpliendo la obligación de solicitar autorización previa para cualquier contratación o inversión, y no interrumpir el servicio«.

Según su presidente, Manuel Trigo, cada empresa realiza unos 200 contratos al año para cubrir las bajas, permisos y «vacaciones, que en la ITV coinciden con el momento de mayor demanda«, en 25 estaciones.

En declaraciones a este periódico, asegura que continúan «a la espera de instrucciones» sobre cómo actuar, tras haber solicitado «un protocolo claro» a la Generalitat, por escrito, hasta en tres ocasiones.

A falta de respuesta de la conselleria que dirige Rafael Climent, Manuel Trigo reclama que esa necesidad de autorización previa se limite a los contratos que conlleven obligaciones para la Generalitat a partir de 2023. Y advierte de que «entorpecer la dinámica de contratación supondría ralentizar el servicio en un 40% o 50%, una barbaridad que no debería pasar si se impone el sentido común».

«Lo sensato es que cualquier compromiso de contrato fijo requiera autorización expresa, por ser personal que se subrogará la Generalitat, pero que los que se agoten antes de 2023, que supondrían el 99% del total, requieran una comunicación pero no un permiso previo«, sentencia.

empleados en plantilla y 25 centros de trabajo entre siete empresas, con diversidad de convenios.

contratos al año por empresa para cubrir bajas, permisos y vacaciones en la época de más demanda.

año en el que la gestión de las ITV en la Comunitat volverá a ser pública, con la consiguiente subrogación de plantillas y obligaciones.