La Generalitat recurrirá la sentencia del TSJ que anula las tarifas de la ITV

La Generalitat peleará en los tribunales por mantener las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que aprobó el pasado mayo, recién anuladas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), como pedían las empresas concesionarias, al considerar que el propósito de esos precios era incumplir la anulación judicial de la anterior bajada.

Desde la Conselleria de Economía confirmaron este lunes a LAS PROVINCIAS que recurrirán el auto que tumba su última bajada tarifaria. En plena preparación de la reversión a la gestión pública del servicio a partir de 2023, se consolida así el nuevo frente judicial en torno a la ITV, que podría alargarse si llega al Tribunal Supremo, como sucedió con las tarifas que aprobó el Gobierno de Alberto Fabra en 2014. De momento, los precios de la ITV no variarán hasta que Economía no publique nuevas tarifas en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), en caso de que esa anulación se convierta en una decisión firme.

Del desenlace depende, además, el montante final de la reclamación patrimonial de las concesionarias por lo dejado de ingresar con las tarifas que después anuló la justicia, 80 millones hasta la actualización de precios de mayo y que, con la nueva sentencia, superarían ya los 90.

En mayo de 2017, el TSJCV estimó parcialmente un recurso de la adjudicataria de la ITV en Alicante, Benidorm y Elche contra el acuerdo del Consell de 2014 y anuló el punto referido a la reducción de la tarifa sonora y de contaminantes, por carecer de un estudio que justificase esa bajada tarifaria.

Esa anulación, confirmada por el Tribunal Supremo en 2018, no se tradujo en una actualización de las tarifas que pagan los conductores valencianos hasta un año más tarde, cuando se publicó en el DOGV la sentencia y, al no adjuntar un nuevo cuadro de precios, se recuperaron los anteriores a la bajada de 2014.

Fue entonces cuando la ITV se encareció unos diez euros para los vehículos diésel y siete para los de gasolina, pero una semana después el Consell aprobó las nuevas tarifas, «prácticamente idénticas» a las anuladas, según señala el TSJCV. Así, en el auto del pasado 9 de enero, que recurrirá la Generalitat, se estima el incidente de ejecución de sentencia planteado por las concesionarias, que solicitaron la nulidad del acuerdo adoptado por el Consell para actualizar las tarifas al entender que era una actuación dirigida a eludir el cumplimiento de la sentencia que anuló la bajada anterior.

El tribunal señala que no ve «motivo alguno que justifique una bajada de tarifas como la aprobada» y concluye que «ha existido la finalidad de eludir el cumplimiento de la sentencia» anulatoria por parte de la Administración valenciana. Es más, agrega que «fue consciente durante un año de que estaban aplicando unas tarifas que eran contrarias a derecho».