El Consell tramita 107 plantas de renovables tras dos años de tensiones con el sector

En concreto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, indicó que los 107 expedientes para la implantación de energías renovables que debía resolver la administración autonómica antes de este miércoles se han evaluado «en tiempo y forma» e «implican inversiones por 859 millones de euros». De estos 107 expedientes tramitados, han sido aprobados 61, de los cuales, cinco corresponden a plantas eólicas –con 188 megavatios (MW) de potencia presentada– y 56 a parques fotovoltaicos, con una potencia que alcanza los 1.168 MW.

En cuanto a los proyectos que han recibido una resolución desfavorable, 10 corresponden a proyectos eólicos, con 343 MW de potencia, y 21 a fotovoltaica, con un volumen de 886 megavatios. Por otro lado, 15 fueron desistidos por las empresas y suponían una potencia de 395 MW.

En la comparecencia ante los medios este miércoles, Puig destacó que «la Generalitat ha cumplido con el objetivo que se había planteado para conseguir llegar a esta hito en tiempo y forma», al tiempo que ha agradecido el esfuerzo de los funcionarios y consellerias implicadas (Economía Sostenible, Medio Ambiente y Política Territorial).

Los proyectos aprobados de manera favorable tienen una potencia que equivale al consumo anual de 578.000 viviendas y que movilizarán inversiones de cerca de 859 millones de euros. Además, según Puig, su construcción y mantenimiento supondrá la creación de 1.500 puestos de trabajo en un año. Estas cifras suponen, según ha destacado el presidente, aumentar en un 57% la potencia que se genera con energías renovables en la Comunitat Valenciana.

Hasta el día de ayer, el sector de las renovables en la Comunitat ha estado conteniendo la respiración ante la lentitud de la administración valenciana en la tramitación de los expedientes. No se trata sólo de una crítica por parte de los empresarios, que corrían el riesgo de perder su inversión si llegaban al 25 de enero sin la autorización ambiental de la Generalitat. Es una situación que ha sido advertida por expertos y organismos, tal y como indicó la UPV en un informe donde alerta de que con el ritmo de estos últimos años será complicado alcanzar el objetivo de 6.000 mw de fotovoltaica y 4.000 de eólica en 2030. El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat, por su parte, calificó de «paso de tortuga» los tiempos de la Generalitat, que llegan a sextuplicar el de otras regiones limítrofes como Aragón y Castilla La Mancha.

El temor a que los proyectos caducaran debido a dicha lentitud administrativa de la Generalitat, llevó a la patronal energética valenciana (AVAESEN) a encargar un estudio a la consultora Andersen sobre las posibilidades de demandar a la Administración autonómica por daños patrimoniales, debido a que las empresas se verían abocadas al cierre al no poder hacer frente a los avales de sus proyectos.

A partir de ahora, estos proyectos que continúan la tramitación tienen hasta el 25 de julio para recibir la autorización de construcción. «No todos los expedientes que está tramitando la Generalitat debían llegar al hito del 25 de enero, sólo aquellos presentados antes de que el Ministerio marcara la fecha en 2020», explicó a los periodistas la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, quien añadió que se sigue trabajando para acelerar la tramitación de los proyectos renovables.