El Gobierno anuncia otro plan de choque en Cercanías tras el aumento de cancelaciones

Un nuevo plan de choque para la red ferroviaria de Cercanías en la Comunitat, es decir, medidas urgentes que contribuyan a aliviar la crítica situación en que se encuentra el servicio con un aumento de cancelaciones ( este martes mismo 13) por las bajas de maquinistas –un tema agravado en las últimas semanas– y con retrasos y restricciones en la oferta de la C-5 y C-6 debido al robo de cable y posterior incendio en un edificio técnico de la estación de Massalfassar.

Fue el compromiso que este martes arrancó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en la reunión telemática que mantuvieron a última hora de la tarde del Día de los Inocentes. Un paquete de medidas que se puedan aplicar en el corto plazo pero que todavía no se concretaron porque el ministerio las trasladará en el plazo de una semana, según ha explicado posteriormente el conseller de Política Territorial, Arcadi España, presente también en el encuentro, al igual que la secretario de Estado Isabel Pardo de Vera y los presidentes de Adif y Renfe, María Luisa Domínguez e Isaías Táboas, respectivamente.

Eso a pesar de que fue la propia ministra la que anunció el pasado octubre que había encargado un informe al coordinador del Plan de Cercanías en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, para tener un diagnóstico de la situación de la red, la inversión real del mencionado plan (presentado en diciembre de 2017 con casi 1.500 millones de inversión) y plantear una reelaboración de las propuestas en él incluidas.

A esa auditoría se ha referido Sánchez en la reunión pues, según ha revelado, ha permitido detectar importantes deficiencias en el servicio ferroviario, que responden a causas tanto estructurales como coyunturales, y que se han visto agravadas por la incidencia del Covid y recientemente por el incidente en la estación de Massalfassar.

«Somos conscientes de la problemática existente con el servicio de Cercanías de Valencia, de gran importancia para la movilidad cotidiana de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana, y estamos comprometidos a aportar soluciones que se materialicen en mejoras concretas y contundentes que puedan llegar al usuario en el corto plazo», ha asegurado Sánchez en su tercer encuentro con Puig como ministra del ramo (si se excluye el acto del corredor mediterráneo en Madrid con los empresarios). Y, por tercera vez, la titular de Transportes reconocía la necesidad de actuar para mejorar Cercanías.

Esas medidas «de aplicación inmediata para paliar las deficiencias de funcionamiento» serán, según el ministerio, las primeras dentro de un plan de acción global que contemplará actuaciones en el corto, medio y largo plazo y que se definirán y concretarán en coordinación con todas las Administraciones y empresas afectadas y el marco del nuevo grupo de trabajo.

En este sentido, a comienzos de 2018 ya se constituyó una comisión técnica para hacer seguimiento del plan de Cercanías en el que, además de las dos administraciones (central y autonómica), están presentes Adif y Renfe. Fue esta comisión la que concretó, en febrero de 2020, otro plan de choque –anunciado un mes antes por el entonces ministro José Luis Ábalos– que contemplaba, entre otras medidas, más maquinistas, más técnicos de mantenimiento, mejoras en los canales de información para los usuarios y billetes gratis en caso de un retraso superior a 15 minutos.

Mientras, desde la Generalitat, se ha dejado patente en la reunión el gran malestar existente por la «situación de emergencia» en que se encuentra Cercanías, según dijo Puig. Así, Arcadi España ha explicado posteriormente que se trasladó al Gobierno central «la indignación de miles de ciudadanos valencianos por la situación crítica del servicio de Cercanías en la Comunitat Valenciana y que impiden que puedan acudir a sus puestos de trabajo, sus estudios o a realizar compras con la normalidad que debería ser».

También la «indignación institucional», punto en el que el conseller ha remarcado la obligación de la Generalitat, «que no gestiona directamente Renfe» (la transferencia del servicio es una petición del Consell), de implicarse en encontrar una solución.

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