Gobierno y Consell esquivan otro choque con Compromís sobre la ampliación del Puerto

valenciA. En lo que a la ampliación del Puerto de Valencia se refiere, la nueva normalidad recuerda mucho a la situación precoronavirus. Compromís, con el alcalde Joan Ribó a la cabeza, insiste en paralizar la adjudicación a TIL (MSC) de la futura terminal de contenedores de la ampliación norte y empezar de cero para tramitar una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) por los cambios introducidos desde que obtuvo la autorización de 2007.

«Legalmente no es necesaria una nueva DIA, lo siento pero es la ley, que estoy obligado a cumplir», insistió este lunes el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, desde el bando opuesto de un enfrentamiento que sus compañeros socialistas prefirieron esquivar en el debate a cuatro, telemático, organizado por la Fundación Scito.

Primero fue el conseller Arcadi España, quien volvió a apelar al diálogo para buscar un consenso sobre «cómo crecer compatibilizando el impacto económico con el respeto medioambiental» pero, tras su intervención, se excusó por tener que marcharse antes de que comenzase el debate.

Tampoco el dirigente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, intercambió opiniones sobre una polémica que tensa las relaciones entre socios de gobierno, mientras el empresariado advierte del riesgo de ahuyentar una inversión privada que supera los 1.100 millones. El expresidente del Puerto de Castellón optó por enviar una intervención grabada, en la que se aferraba a la neutralidad del organismo que debe decidir si hace falta una nueva DIA o no.

«No me voy a pronunciar porque no es una cuestión de oportunidad, sino de legalidad», dijo. «Una cuestión meramente técnica» y que Puertos del Estado -dependiente del Ministerio de Transportes- resolverá cuando reciba y pueda analizar el proyecto definitivo, al margen de que unos reclamen insistentemente esa nueva DIA y otros alerten de que implicaría años de retraso.

Sin «intentar convencer al que no quiere Puerto», Toledo apeló a un modelo de desarrollo «compartido y sostenible», convencido de que el recinto «claramente necesita una ampliación» por su crecimiento y la «inversión tremenda realizada -en las obras de abrigo concluidas en 2012- y que ahora hay que rentabilizar», pero también de que «no puede crecer a espaldas de la ciudad».

En ausencia de los representantes estatal y autonómico, Martínez y Ribó evidenciaron que sus posturas siguen alejadas pese a las alegaciones que aceptó el Puerto.