El Gobierno descarta fijar los precios agrarios por ley y los agricultores convocan protestas

El problema del campo son los precios y los márgenes, no la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así lo defendió ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el titular de Agricultura, Luis Planas, quien aseguró que no se trata de un problema coyuntural, derivado del fuerte incremento que registró el año pasado la remuneración más baja cuando aumentó un 22,3%, sino un problema estructural que viene de lejos y que hay que abordar con urgencia, aunque -reconoció- llevará tiempo solucionarlo.

Por este motivo, las organizaciones agrarias Asaja, La Unió y UPA convocaron ayer una tractorada y manifestación el 14 de febrero en Valencia ante la situación límite de los agricultores y ganaderos y para reclamar a las administraciones que impulsen una serie de medidas para garantizar una rentabilidad digna para los productores. La marcha se iniciará con una concentración de tractores y manifestantes en el Paseo de la Alameda de la ciudad y el recorrido concluirá en la Plaza del Temple, a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Comunitat.

Ante esta situación, el ministro se comprometió a mejorar el presupuesto de los seguros agrarios y a velar por unos precios más justos en el sector y con unos márgenes de ganancia más amplios para los productores, pero descartó la petición que la Unión de Pequeños Agricultores y ganaderos (UPA) realizó de definir a través de una ley cuál debe ser el precio adecuado para cada uno de los productos agrarios perecederos. «El Gobierno no puede fijar precios, pero está claro que tenemos que hacer algo», argumentó. Y la respuesta que ofrece el Ejecutivo es modificar este mismo año la ley de la cadena agroalimentaria de 2013 con el objetivo no solo de trasponer la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales, sino también para darle un papel más significativo a cada uno de los eslabones de la cadena. Así, la idea es -según especificó el ministro- cambiarla en torno a cuatro ejes: establecer una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas y que, por tanto, son desleales; poner en marcha una regulación de las ventas a pérdidas (las que están por debajo de los costes de producción), algo que es una de las principales demandas del sector, que pide prohibirla a lo largo de toda la cadena; obligar a difundir el coste de la producción como factor de referencia para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios; y, por último, dar publicidad a las empresas que incumplan la normativa.

En esta línea, Planas anunció la convocatoria urgente para la próxima semana del Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria para realizar un «informe pormenorizado» de los precios de aquellos productos que atraviesan más dificultades, como el aceite de oliva o las frutas y hortalizas, así como el estudio del comportamiento de los precios de los principales insumos agrarios.

Precisamente, este próximo jueves el titular de Agricultura se reunirá con la mesa del aceite de oliva para analizar la situación de los precios, que están cayendo debido a que la pasada campaña se registró una cosecha récord de 1,8 millones de toneladas. «Gran producción, precios bajos; poca producción, precios altos», se lamentó Planas, que resaltó la importancia de conseguir ampliar mercados fuera de la UE y llegar a acuerdos con otros países como Canadá. A su vez, la próxima semana se reunirá igualmente con la mesa de la frutas y hortalizas para ver qué propuestas se pueden llevar a cabo.

Una de las novedades que llevará a cabo este Ejecutivo es iniciar un diálogo con las grandes empresas de la distribución en España, algo que «nunca se había hecho». «Me parece muy importante que la distribución contribuya a valorizar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos», incidió Planas, quien considera que el problema radica además de en la pérdida de valor económico, en la pérdida de reputación de este sector.