El Gobierno discrimina a la Comunitat con sólo el 6,3% de inversiones en obra pública

El documento refleja que si bien el Gobierno incrementó su licitación global un 153,41% (7.914,28 millones en total) respecto a 2020, la Comunitat quedó por debajo, con una subida del 143,91%, en total, 504,18 millones. Según la Cámara de Contratistas, la participación valenciana en 2021 del total nacional se queda en el 6,37%, inferior incluso a los años 2020 (6,52%) y 2019 (6,57%). Por delante de la Comunitat en cuanto al reparto de las licitaciones estatales, se sitúan Andalucía (12,14%), Galicia (10,79%), Cataluña (10%), Madrid (9,88%) y Castilla y León (8,03%).

«Siempre muy por debajo de nuestro peso poblacional, un 10,67%, y a nuestro PIB, un 9,34%», remarca el director-gerente de la entidad, Manuel Miñés, que también ironiza con que la infrafinanciación de la Comunitat no se haya paliado «con unas inversiones acordes, incluso algo superiores por parte del Gobierno». «¡Nada más lejos de la realidad ha ocurrido! Persiste año tras año la doble discriminación: financiación y déficit de inversiones en infraestructuras», dice.

Mientras, en el caso de la Generalitat, las inversiones del año pasado incluso fueron superiores a las del Ejecutivo central, con 739,05 millones y un aumento del 39,5% respecto a 2020, con especial relevancia el área de conservación y mantenimiento de carreteras en las provincias de Valencia y Alicante. Diputaciones y ayuntamientos valencianos activaron licitaciones por importe de 822,11 millones, un 44,4% más que el año anterior.

En el análisis por carteras, el Ministerio de Transportes el que concentra el grueso de las licitaciones estatales, con 476,12 millones, el 7,58% del total nacional. Y, en el detalle, el área de carreteras es la que se lleva la mayor inversión, con 224,39 millones, lo que sitúa a la Comunitat en el 18,59% de las obras activadas en toda España gracias a los contratos de conservación viaria y a la licitación de la ampliación de un primer tramo del by-pass por 143 millones.

A pesar de ello, los contratistas advierten de una situación que se está generalizando en el sector de la obra pública y que se ejemplifica precisamente en el by-pass: el retraso entre la fecha de adjudicación provisional y el inicio de la obra, debido al excesivo tiempo de espera para la adjudicación definitiva y la firma del contrato. «Se llega a desfases de hasta seis meses, con lo cual incluso se pierden anualidades en los PGE para el año en curso», explica Miñés. En el caso de la mejora de la A-7, la adjudicación se produjo el 6 de octubre pero aún no se ha formalizado el contrato, por lo que se han perdido 200.000 euros de la anualidad del año pasado.

Los contratistas también critican la baja inversión de Adif, con 173,72 millones (el 4,3% del total nacional) pese a los reiterados compromisos con el corredor mediterráneo y el Plan de Cercanías.