El Gobierno fija para 2024 peajes en las autovías pese a suprimirlos hace un año

El Gobierno ya ha puesto fecha al fin de la gratuidad por circular en las autovías española, lo que implicará establecer el pago por uso y, por tanto, regresar al sistema que ha ido suprimiendo en los últimos dos años con la liberalización de autopistas como la AP-7 (enero 2020 en el caso de Tarragona y la Comunitat y este septiembre en el tramo hasta la Junquera).

Será en 2024 cuando se implante un sistema que lleva años sobre la mesa y que está pendiente de un gran acuerdo político y social (así lo ha señalado en varias ocasiones el Ejecutivo de Pedro Sánchez) pero que ya aparece como compromiso con Bruselas ante la llegada de los fondos europeos de reconstrucción.

La medida se aplicará en respuesta a los dos principios sobre los que se basará a partir de ese momento la utilización de las carreteras: "quien contamina paga" y "el que usa paga". Y su justificación radica en el déficit de conservación y mantenimiento que arrastra la red viaria española, y que la Asociación Española de la Carretera cifró en 7.500 millones en su último estudio.

"Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios", señala el texto remitido a Europa, en concreto, el llamado 'Componente 28'.

La propuesta planteada afectaría a todos los usuarios de la red viaria de alta capacidad (la V-30, la A-3 o el by-pass tendrían esa catalogación en el caso de la Comunitat), de ahí que el Ejecutivo se plantee realizar una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de esta medida.

Respecto a los camiones y otros de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera, el texto enviado a Bruselas señala que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores.

También aclara que el sistema podría ser "escalable y progresivo", es decir, que se cobre inicialmente sólo en las autovías y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje. Esta progresividad en la aplicación de la medida responde al posible rechazo que causará en la población. Por ello, defiende que se determinarán tarifas "asumibles pero que garanticen la financiación".

Según la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), la implantación de un peaje medio en España de 4 céntimos por kilómetro supondría un pago de 12 euros para ir desde Madrid a Zaragoza o de unos 14 euros para viajar hasta Valencia.

Ayer mismo se produjeron ya las primeras valoraciones. Así, el secretario general de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), Carlos García, hizo hincapié en la necesidad de "aclarar la letra pequeña, es decir, si es para todo el mundo o, como se habló en su momento, hay una diferenciación". Lamentó la penalización que ya sufren los transportistas y confió en que el Gobierno "llegue a un acuerdo previo con el sector". En este sentido, la previsión es empezar a negociar el próximo año.

Mientras, el director-gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, recordó que países de la UE como Portugal, Francia o Italia ya cobran por el uso de sus carreteras por lo que la medida era "esperada". Es la "única forma viable" para obtener ingresos que, a su vez, se destinen a mejoras y a nuevas infraestructuras, no sólo de transportes.