El Gobierno inicia los Presupuestos condicionado por las reglas europeas y sin apoyos cerrados

En este contexto, el Ministerio de Hacienda, cuya titular es la vicepresidenta primera María Jesús Montero, ha comenzado la tramitación presupuestaria después de que el Gobierno decidiera en marzo prorrogar las cuentas públicas de 2023 ante la falta de apoyos en el Congreso para sacar otro presupuesto por el adelanto electoral en Cataluña.

Ya en su momento, el Ejecutivo reconoció que trabajaba tanto en los Presupuestos de 2024, que podían aprobarse en el primer semestre. Y, al mismo tiempo, con los de 2025, tal y como admitió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista a este diario en el mes de febrero.

La diferencia de uno y otro proyecto es que el de 2025 deberá tener en cuenta las nuevas reglas fiscales pactadas en el seno de la Unión Europea después de casi cuatro años de manga ancha para hacer frente a las sucesivas crisis económicas con amplios programas de estímulos de gasto: primero, la pandemia y el 'shock' económico que provocó; y después la guerra de Ucrania y la crisis de precios, de las que derivaron ayudas que aún se encuentran en vigor y que precisamente el Ejecutivo acaba de prorrogar hasta final de año, como las rebajas del IVA en alimentos básicos o el bono social de la luz, entre otras.

Los diferentes Ministerios deberán remitir a Hacienda sus propuestas de ingresos y gastos antes dle próximo 8 de julio, según apunta la orden publicada hoy en el BOE. Así lo adelantó ayer María Jesús Montero en el Congreso: «Esto significa que estarán todos los elementos que van a impulsar el tejido productivo de nuestro país, la competitividad, la consolidación de los derechos, básicamente poniendo a las personas en el centro de nuestras cuentas públicas», afirmó la vicepresidenta primera.

El Ejecutivo da, además, este paso el mismo día que el Congreso votará eliminar al Senado su capacidad de veto, al quitar, mediante una enmienda introducida en la Ley de Paridad, sus competencias sobre el techo de gasto. Este era un escollo adicional para sacar adelante unas nuevas cuentas públicas tras las elecciones del 23 de julio del año pasado. Las urnas entonces dieron como resultado un Senado controlado por el PP gracias a la mayoría absoluta que obtuvo; y un Congreso en el que solo los votos de la investidura de Pedro Sánchez podrían validar un nuevo proyecto presupuestario.

Como la Cámara alta controlada por los populares tiene capacidad de veto para desatascar el techo de gasto que el Gobierno aprobará a finales de julio o principios de septiembre -como segundo paso para los Presupuestos de 2025-, Hacienda cree haber encontrado una fórmula legislativa para romper ese muro y permitir la tramitación de las cuentas públicas, aunque sea a través de otra ley ajena al Presupuesto.

Se trata de los primeros Presupuestos que elaborará el Gobierno tras la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales europeas, marco en el que el cumplimiento de la senda de gasto neto aparece como la regla fiscal principal y que debe ser recogida en el nuevo plan fiscal estructural nacional a medio plazo que los Estados miembros deberán presentar al Consejo y a la Comisión Europea en otoño de este año.

El Gobierno explica en la orden publicada este jueves que el ciclo presupuestario de 2025 continuará afectado por el complejo entorno geopolítico, donde los conflictos tanto en Ucrania como en Oriente Próximo «pueden suponer perturbaciones en los mercados internacionales, algunos particularmente sensibles como son los energéticos».

Hacienda subraya además en esta orden que al proceso de elaboración de los PGE de 2025 se incorporarán las conclusiones y recomendaciones formuladas en los procesos de revisión y evaluación del gasto público o 'spending reviews' llevados a cabo por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Al mismo tiempo, los PGE de 2025 incluirán, por primera vez, un nuevo enfoque, denominado la «dimensión marrón», en el informe de alineamiento con la transición ecológica. Esta dimensión se incorpora a otros análisis transversales ya existentes como el informe de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de impacto de género y del impacto en la infancia, la adolescencia y la familia, así como a la información presupuestaria sobre la juventud y sobre las actuaciones referentes al reto demográfico y a la lucha contra la despoblación.

El problema parlamentario es aún mucho más complejo. Todo dependerá, en buena medida, del desarrollo de los acontecimientos políticos en Cataluña, donde está pendiente la investidura de Salvador Illa, el candidato del PSC, quien aún no tiene cerrada la negociación. ERC será clave en esa investidura, que puede prorrogarse hasta el 25 de agosto y en la que la financiación «singular» de Cataluña jugará un papel clave.