El Gobierno pregunta a las empresas arrasadas en la primera DANA qué hicieron para prevenir la segunda

Lo peculiar es que, además de dirigirse en el contexto actual a compañías que –en la gran mayoría de casos– perdieron todos sus bienes por el impacto del agua, la Inspección pregunte por las medidas preventivas que adoptaron ante los avisos de la segunda DANA, es decir, ante la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los días 13 y 14 de noviembre cuando esas mismas empresas no tenían actividad porque sus instalaciones quedaron gravemente dañadas. Muchas, además, tienen activos expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) de fuerza mayor que, por otro lado, ya han solicitado a 2.613 empresas y afecta a 28.369 trabajadores, según las cifras actualizadas este viernes por el Ministerio de Trabajo.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, consta de diez puntos referidos, en su mayoría, al ámbito de la prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, además de solicitar el concierto con el servicio de prevención ajeno a la empresas (y el recibo que acredite su vigencia), se pide el informe sobre las «medidas de coordinación de actividades empresariales establecidas con las empresas o entidades titulares de los centros donde presten servicios trabajadores», en este caso, de cada empresa requerida.

Junto a ello, los registros de jornada desde el 29 de octubre (incluido esta jornada) hasta la fecha de la diligencia, las medidas de emergencia implantadas en cumplimiento del artículo 20 de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales o «la evaluación de los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos adversos y planificación de medidas preventivas establecida en relación con los mismos». Y los mencionados informes de medidas preventivas ante la DANA de octubre y la segunda –que finalmente no fue tal– de hace dos semanas.

Además, en la campaña activada por Inspección se solicita los justificantes de la «información preventiva difundida a los trabajadores», lo que ha generado malestar entre las empresas ya que también son afectadas por la DANA. Fuentes del ministerio descartan que haya intencionalidad en esta petición de documentación mientras que otras fuentes del ámbito laboral consultadas por este periódico indican que, aunque sea un envío automatizado que no discrimine la situación de las empresas, se está repercutiendo sobre los negocios la responsabilidad en una situación sobrevenida y de fuerza mayor.

Además, explican que al detallar fechas concretas se busca la infracción de la normativa de prevención laboral por enviar a trabajadores a casa en la segunda alerta y no en la primera.