El Gobierno restringe el teletrabajo y deja en evidencia a la Generalitat

Los 17.000 funcionarios de la Generalitat se rigen por una normativa distinta, y más permisiva, de la que van a tener los empleados públicos valencianos dependientes del Gobierno central, que deberán regresar casi de inmediato a la presencialidad laboral. Y también es diferente el marco legal con el que se rigen los trabajadores con plaza en las dependencias municipales de cada ayuntamiento.

En los próximos días los funcionarios de la Generalitat deberán notificar a sus superiores en cada departamento los motivos por los que quieren o necesitan teletrabajar esos tres días a la semana, y el protocolo será priorizar a los empleados con alguna enfermedad o en situación de riesgo ante el Covid. Por tanto, la presencialidad casi total que pretende el Gobierno no llegará aún a los servicios públicos de la Comunitat, que continuarán funcionando con las citas previas y las colas en la puerta que tantas quejas está conllevando.

Mientras, los cerca de 230.000 funcionarios del Estado en toda España pasarán de cuatro días a la semana de teletrabajo a sólo uno. Se reducirá a un máximo del 20% de la jornada laboral. Esta vuelta al trabajo presencial permitirá que a final de año ya no sea necesario pedir cita previa para ser atendido en una oficina de la Administración Pública, algo que está provocando atascos en la atención a los ciudadanos.

Los sindicatos CSIF y UGT no suscribieron esta nueva resolución ya que consideran que no reúne los requisitos necesarios para garantizar la vuelta al trabajo presencial en las mejores condiciones. CSIF propone un modelo que combine un 40% de presencia física y un 60% de trabajo telemático, es decir, tres días de teletrabajo a la semana, como se lleva a cabo en la Generalitat. Desde esta organización sostienen que no tiene sentido que ahora, todavía en pandemia, se restrinja el teletabajo cuando se ha acordado un convenio de tres días para la etapa de normalidad, una vez finalizada esta crisis, aunque aún está pendiente de trasladar a la norma correspondiente.

UGT, por su parte, manifestó su desconcierto ante la actitud de la Administración, que cambia constantemente de criterio, llegando incluso a plantear su intención de hacer desaparecer la modalidad no presencial de prestación de servicio.

La nueva resolución sólo introduce como excepción que la modalidad telemática puede llegar al cien por cien de la jornada en los casos de personas con cáncer o inmunodeficiencia, cuando existan motivos de cuarentena, en zonas en las que se produzca un repunte o nuevas olas de Covid y en el personal en el Exterior en determinadas circunstancias.

La resolución también introduce otros aspectos: las reuniones serán presenciales con carácter general o en modo mixto; se levanta la prohibición a los viajes, aunque se seguirá dando prioridad a la videoconferencia; los cursos priorizarán los medios telemáticos; y las pruebas selectivas continuarán su tramitación también incentivando los medios telemáticos. Por último, CSIF llama la atención en que mientras que la resolución obliga la presencialidad de las plantillas no garantiza este modelo en el diálogo social.

La decisión de volver a la oficina o teletrabajar también depende del nivel de responsabilidad de los trabajadores, lo que hace que el 53% de los directivos pueda elegir el modelo de trabajo, frente a un 18% de los empleados de cargos más bajos.