El Gobierno sólo aprueba 611 solicitudes de 86.500 del ingreso mínimo en la Comunitat

Sólo 611 de las 86.491 solicitudes presentadas en la Comunitat para acceder al ingreso mínimo vital (IMV) han sido aprobadas por el Gobierno, lo que representa que únicamente el 0,7% de las personas que han pedido esta ayuda han obtenido el visto bueno para recibir un nómina de entre 462 y 1.015 euros por unidad familiar, según los datos contabilizados por el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) hasta el lunes 10.

Por provincias, Valencia encabeza el número de expedientes presentados (es, además, la cuarta provincia española tras Barcelona, Madrid y Sevilla), con 42.363, seguido de Alicante (35.076) y Castellón (9.052). En la Comunitat, se han resuelto 4.942 peticiones, se han denegado 2.109 y otras 2.402 están pendientes de resolver tras haberse requerido documentación a los solicitantes.

Ese 0,7% es apenas superior al registrado en España, donde hasta el lunes 10 se habían concedido el 0,58% de los expedientes presentados, según denunciaban este miércoles tanto el sindicato UGT como la Asociación Víctimas del Paro, cuyo presidente, Joaquín García, lamentaba a LAS PROVINCIAS el «número tan ínfimo de aprobaciones» y recordaba al Gobierno central que «no sólo hay que aprobar las medidas sino que lo importante es dotarlas y pagarlas».

Para el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, «las cifras desagregadas de la Comunitat ponen en evidencia que nuestra denuncia [hecha a nivel nacional] de que esa ayuda no llega a quien lo necesita es así. En un momento como el actual, donde la gestión le corresponde al Gobierno, hay que decirle alto y claro que debe rectificar inmediatamente». «Nos sumamos a esa denuncia confederal y reclamamos al Gobierno una solución inmediata al problema», añadió.

De hecho, desde este sindicato, su secretario general a nivel nacional, Pepe Álvarez, anunciaba movilizaciones en septiembre si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no resuelve de manera inmediata la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital. En una comparecencia calificaba de «inhumano» que se esté discutiendo si falta o no un papel cuando cerca de un millón de familias no reciben ninguna percepción desde el pasado marzo.

El propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social salía ayer el paso de estas críticas y difundía un comunicado en el que aseguraba que ha reconocido el ingreso mínimo a más de 80.000 hogares de entre las más de 750.000 solicitudes que ha recibido, sin precisar datos por comunidades.

Con esta controversia de cifras y de críticas a la gestión de una de las medidas estrella del Gobierno –aprobada en el Congreso sin voto en contra–, visitaba Valencia el ministro del ramo, José Luis Escrivá, quien mantuvo una reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Según Escrivá, el ritmo al que se resuelven los expedientes es «creciente» y los hogares con derecho a esa prestación la recibirán con carácter retroactivo desde junio. También pidió esperar a finales de septiembre para tener «una foto fija» de la situación.

Eso sí, el ministro reconoció las carencias de personal, como denunció el sindicato CSIF, y la necesidad de reforzar las plantillas de la Seguridad Social, pues en la Comunitat ha perdido un 17% de personal en los últimos años y la media de edad es de 59 años. Por ello, anunció que se van a sacar plazas en los próximos meses.