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No hay sector de la economía que no haya sufrido el impacto de la pandemia de coronavirus durante el año pasado. El último en poner cifras a las consecuencias de la crisis ha sido el de la obra pública, ya que se han hecho públicos los datos sobre la evolución de las licitaciones ejecutadas por los organismos públicos hasta noviembre. Así, en el conjunto de España, la inversión alcanzó el importe de 11.732,6 millones, lo que representa una caída del 28,7% respecto a los 16.500 millones que se licitaron en el mismo periodo del año anterior, según el informe elaborado por la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana.
En el caso valenciano, las licitaciones supusieron 1.062,45 millones en los once primeros meses de 2020, un descenso del 10,64% respecto al ejercicio anterior por el efecto de la pandemia de Covid, que provocó también que durante unos meses se suspendieran todos los plazos administrativos. «Una situación desastrosa que puede provocar que muchos de los ERTE en las empresas de construcción se transformen en ERE», alerta el director-gerente de la entidad, Manuel Miñés.
Y pone un ejemplo para demostrar la parálisis de la inversión pública: el Gobierno central, en concreto el Ministerio de Transportes, sólo licitó una actuación de obras para carreteras nuevas en la Comunitat en todo 2020. Se trata de la conexión de Vinaròs con la AP-7, activada a comienzos de año y cuyo contrato aún se formalizaba en noviembre tras haberse adjudicado provisionalmente en julio por 12,8 millones a la valenciana Pavasal.
«Es muy preocupante que la Dirección General de Carreteras pasara siete meses, entre febrero y agosto, sin licitar ni una sola actuación», lamenta Miñés. En septiembre llegarían dos redacciones de proyectos de mejoras en la V-30, aunque se trata de trabajos de consultoría no de obras. Y entre noviembre y diciembre la formalización de los contratos de conservación de la AP-7, licitados a finales de 2019.
De hecho, es la administración estatal la que más redujo su inversión en la Comunitat, un 30,99%, al pasar de los 286,83 millones hasta noviembre de 2019 a los 197,94 millones en el mismo periodo del año pasado. En toda España, el porcentaje alcanzó el -53,4%. Aún así, la participación valenciana en el total nacional mejoró y subió hasta el 7,53% frente al 5,08% anotado en el periodo analizado de 2019.
En el caso del Ministerio de Transportes, que es el que más obra pública concentra, las licitaciones sumaron 128,91 millones (7,65% del total nacional, aunque un escueto 3,53% en el área de carreteras). Fueron los puertos los que concentraron la mayor cuantía con 64,42 millones.
Por su parte, la Generalitat aumentó sus contrataciones un 13,14% hasta los 407,62 millones y la administración local bajo un 15,84%, con 456,58 millones.
Respecto a las previsiones para 2021, la patronal nacional Seopan estima que se volverá a los niveles de 2011, en plena crisis financiera, en caso de que la tendencia a la baja continúe.
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