El Gobierno ultima el nuevo decreto de ayudas con las medidas energéticas en el foco

El actual paquete de medidas caduca el próximo 31 de diciembre y una de las principales incógnitas está en cómo quedarán las ayudas energéticas, especialmente las que tienen un mayor impacto fiscal, como la rebaja de los impuestos eléctricos. Actualmente, los hogares españoles se benefician de la bajada del IVA al 5% en sus recibos. Y al menos hasta el 31 de diciembre se aplica también la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%, así como la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de la electricidad.

El Banco de España ya advirtió hace unos días que esas rebajas implican una pérdida recaudatoria de unos 3.000 millones de euros anuales. Pero, al mismo tiempo, devolver los impuestos a su tarifa normal (21% de IVA y 6,18% el tipo real del Impuesto Especial de la Electricidad) tendría un impacto negativo en la inflación, aunque facilitaría la reducción del déficit público con el regreso de las reglas fiscales de Bruselas.

Según las estimaciones de la Autoridad Fiscal (AIReF), España solo cumplirá con el límite del 3% en 2024 si se retira el grueso del paquete. ¿El problema? Que hacerlo tendría un elevado coste social, al estar estas entre las medidas de mayor impacto directo sobre el bolsillo del consumidor Por eso, Sumar ha apretado al Ejecutivo para mantener la rebaja en la factura al menos durante el invierno.

Es previsible que además se mantengan otras medidas como el descuento en el bono social eléctrico, establecido desde octubre de 2022 en el 65% para el consumidor vulnerable y en el 80% para las familias con mayores apuros. En este camino, el Gobierno ha pactado con EH Bildu mantener la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias. Medidas para proteger a los más vulnerables a las que este martes se ha sumado un acuerdo para prolongar la prohibición de desahucios a estas familias hasta el 2025.

Por otro lado, y con los precios mucho más bajos que hace un año, se da por hecho el fin de la denominada 'excepción ibérica', que este año ha permitido a España y Portugal topar los precios del gas. Los socios de coalición también negocian eliminar la bonificación a los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera. Desde el pasado mes de junio, el descuento era de 10 céntimos por litro de combustible consumido hasta el 30 de septiembre. Después, pasaba a 5 céntimos hasta final de año. Para las flotas movidas por gas se preveía una compensación de 13 céntimos hasta septiembre y de 7 céntimos durante el último trimestre del año.

Fuentes gubernamentales confirman que el Consejo de Ministros de este miércoles incluirá la supresión durante otros seis meses, hasta junio de 2024, del IVA del 4% sobre los alimentos de primera necesidad como el pan, la harina, la leche, etc., así como la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta. Seguirán sin incluirse, como ya han solicitado algunos miembros de Sumar, la rebaja del IVA a pescados y carnes.

Según los últimos datos públicos de la Agencia Tributaria, esta medida ha supuesto una merma de 1.573 millones de euros para las arcas públicas entre enero y noviembre.

Fuentes del Ejecutivo indican que también se aprobará el transporte público gratuito para jóvenes y desempleados, como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así que la incógnita está en qué pasará con la reducción del precio de los abonos, hasta ahora bonificado al 30% por el Estado siempre que las comunidades autónomas que gestionan este servicio contribuyan incrementando ese descuento hasta el 50%. Cabe recordar que el Ejecutivo incluyó una dotación de 1.440 millones de euros en su plan presupuestario de 2024 para la subvención del transporte público, incluida la gratuidad de trenes y autobuses y las ayudas a las comunidades autónomas para los descuentos en el transporte de competencia autonómica.

El debate entre los dos socios de coalición se centra también en los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas y de la banca. En el primer caso, empresas como Repsol, Cepsa o Iberdrola han reiterado que las inversiones en España podrían ralentizarse o posponerse de continuar el impuesto. Una presión que ha sido entendida en el Ministerio de Hacienda, cuya titular, María Jesús Montero, está decidida a revisar el tributo y permitir que las empresas puedan deducirse por las inversiones que hagan en España. Sumar no está conforme con que se reduzca la presión impositiva sobre estas compañías.

Ambos gravámenes aportan 3.000 millones anuales de recaudación. Desde Hacienda confirman que su intención es «actualizar y revisar el impuesto energético para garantizar y ayudar que las empresas reinviertan sus beneficios para la transformación energética».

Sin embargo, en el caso del impuesto a la banca, en este momento no está prevista su modificación, señalan en el Ministerio de Hacienda, aunque aseguran mantener «una evaluación y análisis permanente para que el sistema fiscal esté en sintonía con el contexto y las necesidades económicas».