El Gobierno tendrá que volver a utilizar un crédito para pagar la extra a los jubilados

El Gobierno descarta utilizar el fondo de reserva de la Seguridad Social, la llamada «hucha de las pensiones» en la que apenas que quedan poco más de 5.060 millones de euros y no resulta suficiente, para abonar la paga extra de junio a los pensionistas. Sin embargo, la alternativa tampoco está libre de polémica.

El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, aseguró ayer que la paga de verano se abonará con los ingresos generados por cotizaciones sociales y con la liquidez de la tesorería... al tiempo que se utilizará «una parte» del préstamo concedido por el Estado.

Aibar no quiso cuantificar a qué parte tendrá que recurrir el Gobierno del préstamo de 13.830 millones de euros consignado en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, actualmente prorrogados. No obstante, del total del dinero prestado, la Seguridad Social librará 7.500 millones de euros con fecha límite el 1 de julio de 2019 para abonar la paga doble de junio y los 6.330 millones restantes se utilizarán para la extra de diciembre.

Lo que sí dejó claro Aibar es que el Gobierno no tocará la hucha de las pensiones: «No se va a utilizar el fondo de reserva», afirmó. En todo caso, el sistema público paga 9,7 millones de pensiones mensualmente, lo que supone un gasto total de 9.610,9 millones de euros.

Esta opción no es compartida por el Tribunal de Cuentas que ya criticó los préstamos realizados hasta ahora por la Administración General del Estado a la Seguridad Social desde 2017 para cubrir su déficit y ha apostado por efectuar transferencias hasta alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo para sanear las cuentas del sistema.

Según el órgano fiscalizador en su 'Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017', recogida por Europa Press, los préstamos «no han resuelto los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, que son de naturaleza estructural, ni contribuyen al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados, ni tampoco tienen reflejo en su neto patrimonial, que continúa siendo negativo».

«Más bien al contrario, dejan a la Seguridad Social en una posición comprometida de endeudamiento frente al Estado, afectando negativamente a su solvencia», añade el Tribunal, que señala que a 31 de diciembre de 2017 el balance de la Tesorería General de la Seguridad Social recoge una deuda a favor de la Administración General del Estado de 27.360,7 millones de euros.

Para hacer frente al déficit en el sistema y recuperar su tesorería, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió otorgar préstamos a la Seguridad Social de 10.192 millones de euros en 2017 y 13.830 millones de euros en 2018.

En este apartado de su declaración, el organismo presidido por María José de la Fuente reclama así «promover y llevar a término las reformas que sean precisas para resolver, de forma estable» los problemas de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social y también su deuda contraída con el Estado, una labor que, apunta «podría abordarse en el marco del denominado 'Pacto de Toledo'».

Hasta entonces, pide que estos déficits financieros y presupuestarios se cubran con financiación estatal, pero con transferencias y no préstamos. «Teniendo en cuenta que el problema deriva de sus operaciones de gestión ordinaria, la vía de financiación estatal debería tener esta misma naturaleza económica y presupuestaria, esto es, proceder de transferencias corrientes de la Administración General del Estado, no de la concesión de nuevos préstamos», justifica.

En este sentido, alude que los sucesivos déficits acumulados en el sistema entre 2010 y 2017, con un total acumulado de 99.503,2 millones de euros, «derivan de las operaciones de la gestión ordinaria» del sistema, al ser los recursos (principalmente cotizaciones sociales) «insuficientes para la cobertura de los gastos del mismo origen», en este caso prestaciones contributivas y no contributivas.

Sin embargo, señala que la deuda total de la Seguridad Social con el Estado --17.168,7 millones-- tiene su origen en préstamos concedidos entre 1992 y 1999 para superar una primera crisis «provocada, en gran medida, porque la Seguridad Social hubo de financiar con cargo a sus recursos una parte de los gastos de la asistencia sanitaria, de los servicios sociales y de las prestaciones familiares».