La guerra en Ucrania, la puntilla para la clase media valenciana

Este amplio estrato de la sociedad valenciana, que supone la base de la economía – el 70% de los españoles se identifican con este grupo, según el CIS–, ha visto cómo sus bolsillos menguaban en los últimos años, incluso más que el resto de España, tal y como indica la monografía del profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia Rafael Castelló-Cogollos. Cabe señalar que la clase media-baja en España agrupa a aquellos con unos ingresos que van entre los 11.450 y 20.000 anuales y la clase media-alta engloba a los que ganan entre 20.000 y 30.000 euros.

Ahora, las constantes subidas de la factura eléctrica, el encarecimiento de la cesta de la compra, del combustible y, en definitiva, una inflación que sigue imparable, amenazan con apretar aún más a los hogares de la Comunitat mientras que el aumento de los salarios dista mucho de compensar esta pérdida de poder adquisitivo.

Los datos más recientes del INE dan buena cuenta de esta realidad. El Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha incrementado un 20,45% desde diciembre de 2008 hasta febrero de 2022 y el coste salarial ordinario –que excluye pagos extraordinarios y atrasados–, desde el cuarto trimestre de 2018 hasta el mismo periodo de 2021, se ha aumentado un 14,83%.

En ese sentido, la consultora Adecco, en su estudio Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, constata que el poder de compra del salario medio de la Comunitat Valenciana está un 4,9% por debajo de la que alcanzó en diciembre de 2009, cuando se registró el máximo de la serie histórica. Además, en comparación con otras autonomías, la capacidad de compra del salario medio valenciano ha perdido 300 euros al año en relación con la de Madrid, aunque ha ganado el equivalente a 35 euros con relación al poder de compra del salario vasco.

Según explica Diego Barceló, investigador de Adecco Group Institute, esta diferencia entre el poder de compra del salario valenciano respecto al de otras regiones radica en la productividad. «Es decir, lo que produce de media cada ocupado. Esa productividad media depende, entre otros factores, de la estructura económica y tejido productivo. La Comunitat Valenciana es muy grande pero Madrid es muy productiva, por eso está la primera», señala el investigador.

Cabe recordar que el tejido productivo de la Comunitat está compuesto principalmente por el sector servicios, con el turismo y la hostelería a la cabeza, mientras que carece de empresas con un componente tecnológico elevado, un factor importante a la hora de medir la productividad. En ese sentido, las industrias de media-alta y de alta tecnología suponen solo un 4,9% del valor añadido bruto y un 3,3% del empleo, según ell Observatorio GECE, impulsadose por CaixaBank y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

«El problema de la Comunitat es que la productividad está estancada y si no sube, no pueden subir los salarios», asegura Barceló, que añade que el sueldo medio actual de la Comunitat es equivalente al que habría al final de 2016 y 2012. «Desde 2008 hasta ahora no ha crecido el poder adquisitivo. No hay un progreso real, estamos estancados desde hace 12 años y ahora vamos a ver una pérdida del poder adquisitivo», añade el investigador.

Dede CaixaBank Research ponen énfasis en que los elevados precios de la energía siguen filtrándose a los demás componentes de la cesta de consumo al aumentar los costes de transporte y producción. «Esta tendencia, que seguramente se mantendrá los próximos meses, seguirá empujando la inflación subyacente al alza», agregan desde el centro de estudios de la entidad.

Ante estas previsiones, la investigadora Mabel Pisá, profesora de Esic Business and Marketing School, advierte de que se producirá una reducción del consumo en los hogares. «Todo esto provocará que se estanque la demanda, lo que llevará a algunas empresas a realizar ajustes laborales, incluso a despedir. Esto afecta a toda la clase media de lleno», indica. Según señala, la inflación en España (7,6) está dos puntos por encima de la media europea (5,8) en febrero, una diferencia que se explica por el nivel de deuda. «Los países con una elevada deuda, junto con tipos de interés bajo, sufren un calentamiento de la economía, lo que genera una mayor inflación respecto a los países con menor nivel de deuda», añade.

Quien aporta un análisis rompedor sobre la situación es el catedrático de Fundamentos del Análisis Económico por la Universitat de Valencia y director adjunto de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), Joaquín Maudos. «Esta inflación se debe principalmente a que compramos del exterior materias primas que se han encarecido, es decir, tenemos que pagar más por lo mismo. O, en otras palabras, nos hemos empobrecido y ese empobrecimiento lo hemos de repartir entre todos: trabajadores, empresas y sector público», manifiesta.

Tal y como lo ve Maudos, los trabajadores deben perder poder adquisitivo porque, sino, habría un efecto de «segunda ronda» muy peligroso. «Si los salarios suben lo mismo que el IPC, el empresario también subirá el precio del producto, la inflación se cronifica y perderíamos competitividad frente a otras regiones y habría destrucción de empleo», explica el catedrático, quien insiste en que «es una buena noticia» que los salarios crezcan por debajo de los precios.

Eso sí, considera fundamental que el Estado vele por los grupos más desfavorecios. «La pérdida tiene que ser asumida por todos y eso implica alcanzar el llamado pacto de rentas. Es decir, pactar cómo distribuimos la pérdida de renta entre todos, obviamente mimando a los colectivos más vulnerables, a través de ayudas del sector público», afirma.

Ante esta situación, manifiesta su rechazo a la medida del Gobierno de rebajar el precio de los carburantes, al considerarlo una iniciativa regresiva e insuficiente. «La rebaja del combustible no beneficia a la gente pobre, sino a la gente rica que tiene varios coches. Es una medida popular y poulista, pero es regresiva porque se benefician mucho más los ricos que los pobres. No es equitativa». Por ello, lo que propone Maudos es que los salarios se revisen en función de la expectativa futura de inflación, que este mes es de 9,8%. «Sería un despropósito subir los salarios un 9,8%. Debe ser algo menor. Las empresas rentables y productivas que puedan permitirse subir los sueldos, que lo hagan. Pero hay que ponerse en la piel de una pyme turística, por ejemplo, cuyo cliente era el ruso. ¿Le puedes obligar a subir el salario un 7%? No, porque tendría que cerrar», señala. «Si nadie quiere asumir el coste de pagar más por lo que importamos, perderemos competitividad», concluye.

Aunque la crisis derivada de la pandemia y la inflación agravada por la guerra en Ucrania son la puntilla para la clase media valenciana, no hay que olvidar los motivos estructurales que han llevado a este grupo a acercarse al extremo de la pobreza durante los últimos años. En concreto, el estudio de Rafael Castelló-Cogollos lo achaca a los recortes de los presupuestos y contrataciones públicas, además del impacto negativo que ha tenido en el caso valenciano los déficits de financiación pública por parte de los gobiernos centrales. «La composición de las clases medias ha cambiado. Estas se han polarizado internamente, por lo que ahora están menos cohesionadas», expresa la monografía, que indica que, en este camino, han sufrido un empobrecimiento y un acercamiento a las clases bajas. «Los tipos de trabajos y sus rentas se han reducido, también su consumo provocado por el aumento de los precios y ahora se necesitan más ingresos de capital para mantenerse en la posición», señala.

Estos factores configuran un escenario en el que las clases medias valencianas han visto cómo las relaciones de mercado han complicado el mantenimiento de sus condiciones de vida. El libro 'Camins d'Incertesa i frustració' analiza y prueba cómo este estrato de la población valenciana, a diferencia del resto de territorios de España, ha sido especialmente perjudicado tanto por los mecanismos del mercado, como por el funcionamiento del Estado. «La sociedad valenciana se encuentra en un cruce en cuanto a su modelo económico y también respecto a la financiación autonómica, ya que una financiación justa podría tener efectos correctores», sentencia el estudio.