Hacienda se plantea poner un nuevo límite para pagar en efectivo

Un informe publicado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo que depende del Ministerio de Hacienda, ha reabierto el debate sobre la conveniencia de modificar el límite máximo que rige para realizar pagos en efectivo, situado en 999 euros desde julio de 2021 tras la entrada en vigor de la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

La medida tiene mucho que ver con el incremento del riesgo de cometer delitos a través de esta vía en las transacciones comerciales, en el sentido de que puede dificultar el control de la facturación de una empresa, permite eludir responsabilidades tributarias y se suele asociar con la economía sumergida.

La ley establece que no puede pagarse en efectivo, en operaciones en las que alguna de las partes es titular de una empresa o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera). La cuantía se aumenta a 10.000 cuando quien realice el abono sea una persona física que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de persona empresaria o profesional. Hasta la actual regulación el primer límite se situaba en 2.500 euros, mientras que hasta 2012 se elevaba a 15.000.

Además, el pasado diciembre el Consejo Europeo acordó fijar una cuantía máxima, 10.000 euros, a la que debían adaptarse los estados miembros que estuvieran por encima, si bien no era el caso de España, especialmente conservadora en este aspecto con el argumento de estrechar el cerco al fraude.

El documento de trabajo del IEF se centra en los procesos de digitalización de la Agencia Tributaria, aunque tiene un apartado que aborda el citado límite. Y sus afirmaciones son llamativas teniendo en cuenta que el instituto tiene una influencia clara en las políticas que adopta el Ministerio de Hacienda.

En el capítulo en cuestión se recogen las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, cuando compareció en la comisión sectorial del Congreso para dar cuenta del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2021, donde señaló que debía seguir «el esfuerzo para el control de las operaciones que se realizan en efectivo» para justificar la previsión que finalmente se recogería en la ley.

«En el modelo español el uso de efectivo ha estado muy relacionado con determinada forma de fraude y, en la medida en que consigamos limitar el uso de efectivo hablando de movimientos de esos importes superiores a 1.000 euros conseguiremos reducir el espacio para el fraude fiscal», completó.

De esta premisa difiere el Banco Central Europeo, que en un dictamen reciente, según recuerda el IEF, concluía que «no se ha analizado si realmente este límite permitirá alcanzar el objetivo de interés público que es la lucha contra el fraude fiscal, ni si existen medidas alternativas que tengan efectos menos adversos», advirtiendo además de la limitación a la libertad de los ciudadanos que pueden sentirse más cómodos o seguros con esta forma de pago, como puede ser el caso de las personas mayores. También se tilda la medida de desproporcionada y se advierte de la discriminación que supone aplicar límites distintos en función de la residencia fiscal.

«Tras este dictamen del Banco Central Europeo parece claro que, para estar en consonancia con su política y con los postulados del Derecho de la Unión Europea, la medida en cuestión debería de modificarse o reformularse en el sentido apuntado en el mencionado dictamen», afirma el documento de trabajo del instituto.

En cuanto a si se trabaja en alguna modificación, sólo hay indicios. Tal y como informa el diario ABC, la plataforma Denaria, que engloba a entidades sociales en defensa del uso del efectivo y sus ventajas, asegura que mantiene contactos con el Gobierno y con diferentes partidos para elevar el límite a 5.000 o 10.000 euros.

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