La hoja de ruta de la ampliación norte del puerto

«Seremos muy escrupulosos a la hora de cumplir con todos los procedimientos que marquen los órganos competentes para tener todo legalmente cubierto». Fueron las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, en el último consejo de administración de la entidad tras ser preguntado sobre qué sucedería con el informe que Puertos del Estado debía emitir sobre la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación norte.

Entonces, 26 de marzo, aún no se conocía la decisión del organismo estatal que depende del Ministerio de Transportes, pues llegaba dos semanas después (el pasado viernes) y se traducía en respaldar la vigencia de la DIA actual, que data de 2007. Aspecto que ya estaba recogido en el informe técnico de la APV y Puertos del Estado elaborado en 2018, año en que se aprobaba el pliego de licitación de la nueva terminal de contenedores.

Con el horizonte despejado, y falta de conocer si se presentará algún recurso judicial, la APV ya puede continuar con los trámites administrativos, aunque aún habrá que esperar unas semanas a que se produzca la aprobación de la concesión definitiva a TIL, la filial de MSC cuya oferta (la única) fue seleccionada en septiembre de 2019. Primero, el Puerto tendrá que revisar tanto el informe jurídico como la nota técnica remitidos por Puertos del Estado, especialmente la nota técnica, ya que incluye tres aspectos que deben acreditarse: que el dragado de la dársena interior no produce más vertidos al litoral de los recogidos en la DIA; que el material sobrante de las demoliciones será reutilizado; y que no existan nuevas yacimientos.

Revisado el informe será el momento de remitir a TIL la información para que la estudie y confirme que mantiene su oferta y la inversión prevista, superior a los mil millones (cifra a la que hay sumar los 400 que aportará la APV para las obras portuarias).

Superado ese trámite, el consejo de administración se reunirá para otorgar definitivamente la concesión. Un proceso que no se paralizará porque, de hacerlo, la Autoridad Portuaria incurriría en prevaricación.

Es en este trámite donde las miradas se dirigirán hacia la mesa del consejo, compuesto por 15 miembros, pues partidos como Compromís ya han mostrado de nuevo su oposición al proyecto. No obstante, sólo cuenta con dos representantes: el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que ya votó en contra en 2019: e Iván Castañón, representante de la Generalitat y mano derecha de la vicepresidenta Mónica Oltra, que entró al consejo en 2020 tras la salida de Josep Vicent Boira.