¿Cuáles son y qué implican los nuevos impuestos que prepara el Gobierno?

El Gobierno de España está preparando una propuesta fiscal que considera más acorde con la nueva realidad del país tras el azote sufrido por la pandemia de la Covid-19, según avanzó ayer la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Así, entre las figuras fiscales que citó están fiscalidad ecológica, el impuesto digital, el de las transacciones financieras o la reforma del impuesto de sociedades. ¿Pero, qué son y qué implican estas nuevas medidas?

Se trata de un sistema fiscal pensado para incentivar cambios de comportamiento positivos para el medio ambiente. Actualmente, España sigue a la cola en el uso de medidas fiscales verdes, ocupando el puesto 25 en cuanto a menor fiscalidad ambiental de la UE-28.

La filosofía de este sistema observa que sea justa con los más desfavorecidos e integre el principio de quien contamina paga. Así, entre las peticiones que desde las principales organizaciones ecologistas (GreenAmigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) se han hecho están la introducción de criterios ambientales en impuestos ya existentes: como el IVA , el IRPF o la tasa sobre hidrocarburos, así como la reforma de impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos. De la misma forma, se contemplan nuevas medidas que gravan actuaciones perjudiciales para el medio ambiente, como el impuesto al diésel que ya se puso en marcha.

El nuevo impuesto digital, también conocido como 'tasa Google', ya ha fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de febrero, justo antes de que explotara la crisis sanitaria. Así, está previsto que grave aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros. Se pretende así regularizar ciertas actividades digitales de empresas internacionales que escapan al actual marco fiscal, por lo que están haciendo competencia desleal especialmente al pequeño comercio.

En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. El Gobierno espera recaudar con este tributo 1.200 millones de euros, cuya liquidación será trimestral.

También conocido como 'tasa Tobin', fue aprobado en febrero de 2020 pero su entrada en vigor ha quedado paralizada por la pandemia del coronavirus. Según el texto aprobado, la Hacienda española gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solamente se someterán a esta tributación las operaciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas, así como tampoco la compra de deuda pública o privada.

El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones por esta nueva figura tributaria, que se destinarán a financiar las pensiones y el sistema de protección de la Seguridad Social.

Entre las nuevas medidas, la ministra de Hacienda ha señalado una revisión «despacio y en profundidad» del impuesto de sociedad, que grava los beneficios que las empresas obtienen por su actividad a lo largo de un ejercicio fiscal. «Tendremos que trabajar todos en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida», afirmó ayer.

Responde así, entre otras cosas, al llamamiento del secretario de Estado de Derechos Sociales y uno de los protagonistas del recientemente aprobado Ingreso Mínimo Vital, Nacho Álvarez, que ha pedido «repensar el Impuesto de Sociedades para recaudar 20.000 millones».