La industria cementera alerta de que el nuevo impuesto a los residuos vulnera la ley europea

Crece el malestar empresarial por el nuevo impuesto autonómico a la valorización energética de residuos incluido en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2018, a partir de una enmienda de Podemos, y convertido ya en foco de conflicto entre los partidos que sustentan el Gobierno valenciano.

Hace poco más de una semana, el secretario general de Podem en la Comunitat, Antonio Estañ, acusaba al Consell de ponerse del lado de las grandes empresas porque el presidente Ximo Puig «prometió bonificaciones» a las azulejeras, de «hasta el 90%» del tributo según dijo tras reunirse con la cúpula de Ascer, y tanto PSPV como Compromís parecen dispuestos a aliviar la carga del gravamen que habían respaldado apenas un mes antes en Les Corts.

«Votaron que sí a este impuesto por Podemos y ahora, como el tonto útil, ya no les hace falta», les espetó el pasado martes la presidenta del PPCV y también portavoz, Isabel Bonig, tras anunciar una proposición de ley para acabar con ese nuevo gravamen que, a su juicio, «va en detrimento de las industrias».

Desde la patronal autonómica ya expresaron a final de año el rechazo de los sectores del cemento, cerámica, construcción, industria y gestión de residuos al incremento impositivo a la eliminación de residuos en vertedero y las nuevas cargas impositivas a la incineración, coincineración y valorización energética. Y ayer, fueron la patronal y los sindicatos de la industria cementera valenciana quienes cargaron contra esa nueva carga impositiva.

Tras la reunión entre representantes de CC OO y UGT con los directores de las tres fábricas de cemento que operan en la Comunitat, las de Cemex en Buñol y Alicante y la de Lafarge en Sagunto, empresas y sindicatos alertaron en un comunicado conjunto de que «establecer un mismo impuesto disuasorio a la valorización energética, equiparándola a la incineración o al depósito en vertedero, vulnera lo estipulado en la legislación estatal y comunitaria aplicable sobre residuos».

En este sentido, señalaron que la normativa «deja claro que la recuperación del valor energético del residuo es considerado una necesidad ambiental para avanzar en la economía circular que hay que promover». Y agregaron que esa sustitución parcial del combustible fósil habitual del sector, el coque de petróleo, por residuos no reciclables con recursos energéticos aprovechables es «una práctica avalada y potenciada por la Unión Europea» que se realiza desde hace más de 20 años en España y 40 en Europa, sobre todo en los países del norte del continente, para «aprovechar material y energéticamente» esos desechos.

Según la industria cementera, una de las más afectadas, ese impuesto tendrá «consecuencias ambientales y sociales negativas», tales como «un incremento todavía mayor de los desechos que se entierran en vertederos, contraviniendo además lo señalado en la legislación europea al respecto», en un contexto en el que «todavía se envían a vertederos más de la mitad de los residuos municipales generados en la Comunitat».

Desde el sector, además, alertaron del «peligroso efecto frontera que se podría generar» con ese gravamen, que desembocaría en «una deslocalización de profesionales y empresas relacionadas con la gestión de residuos en la Comunitat» y en una «pérdida de competitividad de toda la cadena de valor de las empresas» de este ámbito de actividad.

Por este motivo, han solicitado una reunión a Ximo Puig, que ya tuvo que calmar los ánimos empresariales en su día a cuenta del plan de retorno de envases, para trasladarle su «máxima preocupación por las negativas consecuencias que esta medida puede tener para el mantenimiento del empleo y de la competitividad de las tres fábricas de cemento» y para «el empleo de calidad asociado a esta actividad».

Los asistentes al encuentro organizado por la Fundación Laboral del Cemento y del Medio Ambiente (Cema), que agrupa a la patronal y los dos sindicatos mayoritarios del sector, reclaman al Consell que «reconozca la importancia de la valorización energética para hacer la transición hacia una economía circular en la Comunitat, conforme está exigiendo la Comisión Europea».