El peaje en las autovías costará 2.000 euros anuales a cada conductor

«En 2011 ya advertimos de lo que costaría la medida y se hizo el informe por si el Gobierno tenía la tentación de copiarse de Portugal. Fue la primera vez que intervinimos en este debate», explica el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, a LAS PROVINCIAS. Según explica el dirigente, este sistema en el país luso supuso una disminución de usuarios del 30%, una reducción en la economía que el sector comercial cuantificó en una pérdida del 50% de visitantes y un aumento de los accidentes de tráfico al elevarse la circulación en carreteras secundarias y menos seguras.

«La situación económica no es la idónea. Estamos hablando de un incremento para un usuario medio, propietario de un turismo, de 2.000 euros al año por esta medida», prosigue Arnaldo, quien argumenta que los automovilistas ya contribuyen con 30.000 millones de euros al año en impuestos. «Además, afectaría a la seguridad vial porque muchos se pasarían a la red de carreteras nacional, donde se concentra el 80% de accidentes mortales», asegura. Por otro lado, advierte de que el sistema fomentaría la «insolidaridad entre territorios», ya que aquellas carreteras de la España vaciada tendrían menos aportación y se deteriorarían más.

Por su parte, el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), Carlos Prades, también rechaza la medida y acusa al Gobierno de usar «un juego de palabras» al afirmar que no se trata de un peaje, sino de una tarificación. «No sabemos si será como el modelo portugués, pero lo que sí sabemos es que al final es ponerle más peso a un sector que de por si está fatigado», sostiene.

En la misma línea se pronunció ayer el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, al manifestar su oposición. «El transporte es el sector más desfavorecido y hasta que no esté en funcionamiento el Corredor Mediterráneo las mercancías hay que sacarlas por camión», indicó.

Frente al rechazo de los transportistas, conductores y la patronal valenciana, los contratistas valencianos sí que apoyan la imposición de una tasa por circular en las autovías siempre que tenga un uso finalista y se destine a mejorar las partidas de conservación viaria y, por tanto, la seguridad vial, apuntaba ayer el director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, Manuel Miñés, al tiempo que recordó que el déficit en la red viaria nacional se cifra en 7.800 millones.

Asimismo, hizo hincapié en que la carretera «es la única infraestructura en que los usuarios no pagan por su uso, ya que sí se hace en el transporte ferroviario, aéreo o marítimo» y que desde la organización llevan años planteando la implantación de una tasa para destinarla al mantenimiento viario. No obstante, se mostró partidario de que exista un «tratamiento diferenciado o libre de peajes» en los accesos desde las áreas metropolitanas y las zonas periurbanas.

Según sus cálculos, la propuesta podría afectar a unos 1.050 kilómetros en la Comunitat, con casos concretos como la A-3, la A-7 (el by-pass), la A-31 o la AP-7 (que precisamente quedó libre de peajes en enero de 2020). Desde el Ministerio de Transportes se insistía ayer en que la propuesta de la tarificación en las autovías no está cerrada todavía. El departamento de Raquel Sánchez insistió en que se buscará el consenso con todos los sectores implicados y se recordó la necesidad de «converger con las políticas europeas».