El Ingreso Mínimo Vital: cuantía y requisitos para poder cobrarlo

El ingreso mínimo vital que pretende aprobar el Gobierno en el mes de mayo es una renta mínima asegurada para las familias vulnerables. Inicialmente formaba parte del programa de coalición que firmaron en enero PSOE y Unidas Podemos, pero su puesta en marcha se ha precipitado por las tremendas consecuencias socioeconómicas de la crisis del coronavirus.

La cifra, como ocurre con cualquier tipo de pensión estatal, no será fija, por lo que variará según las condiciones de cada cobrador. Esta renta ha sido uno de los puntos más destacados dentro de la negociación entre PSOE y Podemos que acabó con el primer gobierno de coalición de la democracia en España. Tras varias polémicas, ahora el Ejecutivo acelera la maquinaria estatal para que en plena pandemia del coronavirus ya empiece el correspondiente pago del ingreso mínimo vital. ¿Quién la puede cobrar? El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones ha dado a conocer los pormenores de esta nueva renta pública.

El ingreso mínimo vital (IMV), renta con la que el estado pretende combatir la pobreza y que será aprobada en el próximo Consejo de Ministros, oscilará entre los 461 y algo menos de 1.100 euros, según ha adelantado este domingo el titular de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá.

En una entrevista que hoy publica El Periódico, el ministro explica que el ingreso vital llegará a 850.000 familias, que agrupan a unos 2,3 millones de personas.

El Gobierno se plantea que, en primera instancia, el IMV llegue a los hogares con un ingreso por unidad de consumo inferior a unos 230 euros al mes.

Esa cifra, ha precisado el ministro, «se corresponde con el veinte por ciento más pobre de la sociedad española». «Ahí hay unos 600.000 hogares, según nuestras estimaciones. Pensamos que con el IMV sacamos fuera de la pobreza extrema al 75 por ciento de esos hogares y los llevamos a niveles que, en algunos casos, seguirán siendo de pobreza, pero ya no tan aguda«, ha agregado.

El acceso a esta prestación lo tendrán aquellos hogares que tengan unos ingresos y un patrimonio «por debajo de un umbral« que el Gobierno va a fijar »para cada una de las catorce tipologías« que definirá, »sin tener en cuenta la vivienda habitual«, ha puntualizado. »Complementaremos la renta de esos hogares hasta el umbral de renta mínima que resulte en cada caso«, ha indicado.

El ministro ha adelantado que se fijará un tope de patrimonio a partir del cual no se puede pedir acceder al ingreso. Ese límite está tasado en el caso del País Vasco en 35.800 euros. «Será menor», ha dicho Escrivá, quien sin embargo no ha avanzado la cuantía.

Respecto a la renta que no se podrá superar para tener acceso a la prestación, el ministro ha explicado que, inicialmente, «para un solo adulto será la equivalente a la prestación no contributiva de la Seguridad Social, que en la actualidad es de 395,60 euros por 14 pagas«.

«Hay que entender que la prestación no es una cantidad fija. Es un complemento hasta llegar al mínimo que corresponda. Este es el cambio fundamental«, ha remarcado.

A partir de los 461 euros para un hogar formado por un adulto, ha informado, se aplicará una serie de coeficientes multiplicadores, en función del tipo de familia y del número de menores, «con un añadido para los hogares monoparentales, que en un 80 por ciento son mujeres», ha puntualizado.

La implantación de esta prestación, ha indicado, obligará a su vez a las autonomías «a redifinir sus prestaciones, teniendo en cuenta que a partir de ahora habrá un mínimo estatal garantizado».

Escrivá ha incidido en que «un porcentaje significativo de beneficiarios« del nuevo ingreso »será de origen extranjero, siempre que se constate que tenga residencia legal y efectiva en España durante un mínimo de un año, que forma parte de un hogar durante un año y que cumple las condiciones«.

Según las previsiones del Gobierno, «en junio podrían cobrar quienes se beneficien del pago de oficio«.

El Gobierno, en la búsqueda de la implicación del sector privado, creará también el llamado «sello social«, dirigido a »empresas que ayuden a encontrar empleo« a los perceptores del IMV, cuya implantación supondrá un coste para el estado de unos 3.000 millones.

La renta mínima tendrá un «itinerario de inclusión» que pondrá especial atención en la situación de las familias y no del individuo, porque su objetivo es «llegar a los umbrales de protección» según la estructura de cada hogar, incluidos los monoparentales.

 

Para poder solicitar el Ingreso Mínimo Votal se necesitará cumplir una serie de requisitos que figuran en el borrador y que ha publicado el Mundo. Estos requisitos se basarán en la renta y en el hecho de estar buscando empleo, es decir, estar en el paro.

La persona solicitante deberá ser mayor de 23 años y menor de 65 y, además, las familias que tengan una vivienda en propiedad valorada en más de 100.000 euros no podrán acceder al ingreso mínimo vital aunque carezcan de ingresos.

 

Ante la parálisis de buena parte de la Administración como consecuencia del confinamiento y el estado de alarma, Escrivá indicó que están diseñando «un sistema multicanal para poder llegar a los más vulnerables». No solo se podrá tramitar a través de la Seguridad Social, de quien dependerá oficialmente la ayuda, sino también mediante «canales adicionales de otras Administraciones» para iniciar su pago el próximo mes.

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, calculó en su día que beneficiaría a «más de cinco millones de personas», aunque los últimos cálculos sitúan esta cifra en unas 600.000 familias.