El Ingreso Mínimo Vital arrincona a las pensiones

El sindicato CSIF ha advertido este martes del «colapso» que se está produciendo en las oficinas de la Seguridad Social en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la provincia de Valencia debido a la acumulación de expedientes y a la «insuficiente» dotación de personal.

La central sindical ha explicado en un comunicado que la cifra alcanza ya las 48.000 solicitudes a nivel provincial mientras que ha denunciado que el número de empleados públicos desciende por la falta de cobertura de vacantes.

Según CSIF, la situación «está llegando al extremo de que desde la presentación de algunos expedientes ya han transcurrido tres meses sin que hayan podido tramitarse debido a la saturación del servicio» lo que, en la práctica, «supondría denegación por silencio administrativo».

CSIF ha detallado que la plantilla del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la provincia de Valencia ha perdido 74 trabajadores en los últimos cinco años, en la mayor parte de los casos porque se han jubilado y no han sido cubiertas sus plazas.

En este contexto, «con una plantilla escasa y envejecida por falta de oferta pública de empleo, se ha producido el incremento de la carga de trabajo», ha expuesto, para advertir que la sobrecarga aumentará «previsiblemente» debido a la continuación de las jubilaciones y a que los expedientes se acumulan.

Además, ha avisado de que esta situación «puede perjudicar a otras prestaciones, ya que trabajadores de distintos departamentos no pueden atender sus tareas diarias de tramitación de diferentes expedientes, jubilaciones, viuedad, etcétera, al asignarlos al IMV». Esto provoca retrasos en la resolución de los expedientes de pensiones y otras prestaciones.

CSIF ha añadido que el problema de tramitación «se acentúa por las complicaciones de numerosos expedientes que, además de conllevar un procedimiento farragoso, carecen de documentos como el certificado de empadronamiento, o coincide en muchos casos que el demandante ya percibe la Renta Valenciana de Inclusión y, por decisión del Consell, resulta incompatible que cobre otra ayuda».

Según detalla el sindicato, este hecho provoca que algunos solicitantes luego «se desdigan» y apunta que, en general, aproximadamente hasta el 80 por ciento de las peticiones son denegadas después de haberse tramitado.

La central sindical ha añadido también que la parte de la plantilla que se presentó voluntaria para realizar las tramitaciones por las tardes ha ido mermando por la «falta de incentivo» ya que, a la «complicación» de los expedientes, se suma la «escasa remuneración» por su tramitación que, además, los empleados públicos no cobrarán hasta el segundo semestre de 2021.

CSIF reclama al Gobierno un «refuerzo urgente» de personal en la Seguridad Social en la provincia de Valencia, además de pedir una campaña informativa que «deje claro a quienes soliciten estas ayudas los requisitos y las incompatibilidades que exigen».

De acuerdo con el sindicato, esta última circunstancia «evitaría la apertura de expedientes y la dedicación de un tiempo a ellos por parte de los empleados públicos, a pesar de no cumplir los requisitos la persona solicitante, y centrar el esfuerzo en aquellos aspirantes que sí que reúnen las condiciones».